El oficialismo logró frenar este martes el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados, en una jornada marcada por intensas negociaciones políticas y una notable fragmentación del ámbito parlamentario.

La sesión especial, que había sido solicitada por Fuerza Patria para avanzar en un proceso que buscaba la remoción del funcionario ante el escándalo suscitado por el incremento de su patrimonio, se cayó por falta de quórum al no lograr reunir los 129 diputados necesarios. En el recinto solo se hicieron presentes 117 legisladores, resultando determinante la decisión de los bloques aliados —la UCR, el PRO, el MID y sectores provinciales— de no prestar su asistencia para habilitar el debate.

Esta maniobra del bloque libertario, comandado por el titular de la Cámara, Martín Menem, no resultó gratuita, ya que obligó al oficialismo a ceder terreno en la agenda parlamentaria. Como parte de la estrategia negociadora para evitar el quórum, La Libertad Avanza se comprometió a abrir la comisión de Asuntos Constitucionales este miércoles para comenzar a discutir los proyectos contra Adorni.

Sin embargo, ese movimiento es una concesión parcial, ya que la hoja de ruta pactada no permite la votación inmediata del pedido de interpelación que sí figuraba como posibilidad real en la sesión caída hoy.

Con esa decisión, el gobierno logró ganar al menos dos semanas de aire, intentando despejar el camino para retomar la agenda legislativa que incluye el tratamiento del denominado Súper RIGI y el pago a un grupo de holdouts, iniciativas para las cuales el oficialismo busca mantener el consenso con sus aliados.

La dinámica del recinto expuso una contradicción política evidente. Tanto desde el PRO como desde la UCR se habían pronunciado públicamente en términos críticos sobre la continuidad de Adorni, e incluso el espacio amarillo había emitido un comunicado oficial al respecto.

No obstante,ambos espacios optaron por no acompañar la iniciativa con el argumento de que, habiendo obtenido la apertura del debate en comisión, la sesión especial carecía de sentido. 

La situación de Adorni, pese al apoyo indirecto obtenido en la Cámara baja, sigue siendo comprometida. El funcionario cuenta casi solo con el respaldo del presidente Javier Milei, que lo ratificó al incluirlo recientemente en su comitiva oficial en Rosario, pero el frente judicial y parlamentario permanece abierto.

En el Senado, la discusión sobre una posible interpelación continúa latente, sumado al compromiso ya asumido por Adorni de presentarse el próximo 2 de julio para dar su informe de gestión, oportunidad en la que indefectiblemente deberá responder interrogantes sobre su situación patrimonial.

En torno a la cuestión reglamentaria, persiste una disputa interpretativa sobre el artículo 101 de la Constitución Nacional. Sectores de la oposición sostienen que el pedido de interpelación posee carácter operativo y no debería requerir un paso previo por comisión, lo que les permitía aspirar a una votación en el recinto.

Por el contrario, el oficialismo, respaldado en la interpretación del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, argumentó que los antecedentes parlamentarios requieren que dichas iniciativas cuenten con dictamen previo o, en su defecto, una mayoría especial de dos tercios para ser tratadas sobre tablas, una cifra inalcanzable para la oposición en el escenario actual.

Pese al fracaso de la sesión para constituir quórum, los legisladores opositores que se dieron cita en el recinto decidieron permanecer en el lugar para desarrollar un debate en minoría. La intención fue capitalizar políticamente el desgaste del jefe de Gabinete y trasladar el costo de su permanencia a los bloques dialoguistas.

En un clima de alta tensión parlamentaria, voces como la del radical disidente Pablo Juliano cargaron contra sus pares de la UCR por su ausencia, denunciando una supuesta complicidad institucional, mientras que el socialista Esteban Paulón lanzó un desafío directo al oficialismo, al sostener que, más allá de la maniobra dilatoria, la situación de Adorni se ha convertido en una carga política insostenible que ni siquiera el propio Presidente podrá sostener en el mediano plazo.