La decisión de la Municipalidad de La Plata de avanzar con licitaciones millonarias para la prestación de servicios públicos abrió un fuerte conflicto con las cooperativas que, desde hace más de una década, realizan tareas de limpieza, mantenimiento urbano, zanjeo, reciclado y poda en distintos barrios de la ciudad.

Mientras el Ejecutivo municipal sostiene que la medida responde a exigencias del Tribunal de Cuentas bonaerense, las organizaciones denuncian que miles de trabajadores podrían quedar sin empleo.

A continuación, las claves para entender el origen y el alcance de la disputa.

El rol del Tribunal de Cuentas

El origen del conflicto se encuentra en las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el organismo encargado de controlar la ejecución presupuestaria de los municipios y de la administración provincial.

El mecanismo funciona de la siguiente manera: cada municipio elabora y presenta un presupuesto para el año siguiente, que debe ser aprobado por el Concejo Deliberante. Una vez ejecutados los gastos durante ese ejercicio, el Ejecutivo municipal debe rendir cuentas sobre la utilización de esos recursos. Esa rendición vuelve a ser analizada por el Concejo Deliberante y luego es enviada al Tribunal de Cuentas, que puede aprobarla, realizar observaciones o formular intimaciones.

En el caso de La Plata, una de las observaciones reiteradas del organismo de control estuvo vinculada a la contratación directa de cooperativas para la prestación de servicios públicos.

Un sistema que funciona desde 2011

La contratación directa entre el municipio y las cooperativas no es una práctica reciente. El esquema comenzó a implementarse durante la gestión del exintendente de Pablo Bruera, en 2011, y se mantuvo durante las administraciones posteriores.

A lo largo de los años, este sistema fue objeto de cuestionamientos y sospechas vinculadas a la falta de mecanismos competitivos para la asignación de recursos públicos. Las críticas se centraron en la ausencia de licitaciones y en la discrecionalidad en la distribución de fondos.

El antecedente de la gestión Garro

Durante la gestión del exintendente Julio Garro, el conflicto con las cooperativas alcanzó uno de sus puntos más críticos.

En 2021, ante las tensiones existentes y los cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema, la administración municipal decidió incorporar a una gran parte de los trabajadores cooperativistas a la planta temporaria del municipio, en un intento por regularizar parte de la situación laboral.

La nueva intimación y el cambio de esquema

Según sostienen desde el Ejecutivo local, una nueva intimación del Tribunal de Cuentas aceleró la decisión de poner fin a los convenios directos con cooperativas.

Como respuesta, la Municipalidad resolvió avanzar con un esquema de licitaciones públicas para la contratación de empresas que se hagan cargo de distintas tareas vinculadas a los servicios urbanos, entre ellas la poda de árboles, la limpieza, el mantenimiento de espacios públicos, el zanjeo y el reciclado.

En total, se trata de cuatro licitaciones cuyo monto conjunto supera los 40.000 millones de pesos.

El principal reclamo de las cooperativas

Las organizaciones cooperativas rechazan la decisión municipal y sostienen que el nuevo esquema las excluye de manera directa, ya que aseguran que no cuentan con las condiciones económicas ni administrativas para competir con empresas privadas en procesos licitatorios de gran escala.

Por ese motivo, reclaman que se implemente un período de transición que permita garantizar la continuidad laboral de los trabajadores que actualmente desarrollan esas tareas.

La propuesta del municipio

De acuerdo con lo expresado por las organizaciones, la propuesta acercada por el municipio consiste en la entrega de una tarjeta destinada exclusivamente a la compra de alimentos para los trabajadores afectados.

Las cooperativas consideran insuficiente esa alternativa y sostienen que no representa una solución frente a la pérdida de las fuentes laborales.

La preocupación por los puestos de trabajo

Uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones está vinculado con la cantidad de trabajadores que podrían quedar fuera del nuevo esquema.

Según denuncian, las licitaciones fueron diseñadas para absorber aproximadamente a 2.500 personas, mientras que actualmente cerca de 5.000 trabajadores se desempeñan a través de cooperativas en distintas tareas vinculadas a los servicios públicos municipales.

Por esa razón, advierten que alrededor de la mitad de los actuales trabajadores podría quedar excluida del sistema, lo que profundizó el conflicto y derivó en las protestas y movilizaciones que se desarrollaron este viernes en La Plata.