Un proyecto presentado por la concejal de La Libertad Avanza, Soledad Pedernera, que propone suspender por 180 días las multas municipales a conductores de plataformas como Uber, Didi y Cabify, fue bien recibido por representantes del sector, quienes reclamaron avanzar hacia la regulación definitiva de la actividad.

Desde la Asociación Civil Conductores Aplicaciones Unidos de la República Argentina (Accaura), su presidente, Pablo León, expresó el respaldo a la iniciativa y cuestionó los operativos de control que lleva adelante la gestión municipal.

"Si bien no conocemos en detalle el proyecto presentado por la concejal Soledad Pedernera, desde Acaura apoyamos la iniciativa de una suspensión o una moratoria de 180 días por los controles que lleva adelante el municipio, por esta verdadera caza de brujas", sostuvo el dirigente.

El representante gremial denunció que existe una "persecución a trabajadores" y cuestionó que las medidas de control recaigan sobre los conductores y no sobre las empresas prestadoras del servicio. "Siempre cortan el hilo por lo más fino, siempre atacan al sector más vulnerable", señaló.

León aseguró que la actividad constituye el sustento de miles de familias en la región. "Somos más de 10.000 familias en toda la región que lo único que hacemos es salir 10 o 12 horas todos los días a llevar el sustento a nuestras familias. No se trata de delincuentes, se trata de trabajadores", remarcó.

Además, consideró que el crecimiento de las plataformas de transporte volvió necesaria una actualización normativa. "Creemos que una ciudad y un país que elige por mayoría este medio de transporte desde hace más de diez años no puede seguir estando a contramano de lo que sucede en otras ciudades", expresó.

El dirigente también vinculó el debate del proyecto con los operativos realizados durante la jornada en distintos puntos de la ciudad. "El mismo día (el jueves pasado) en que se trataba este proyecto salieron a cazar de nuevo trabajadores, montando operativos en Plaza San Martín y Plaza Rocha, secuestrando autos, secuestrando trabajo. Esa es la palabra", afirmó.

Por último, reclamó que las autoridades avancen en la regularización de la actividad. "Esta es una actividad que ya está impuesta en todo el país. La realidad ha superado a las normas y a las leyes, y se hace necesario legislar de una vez por todas para darle viabilidad y legalidad", concluyó.