Un allanamiento realizado días atrás en una vivienda de la localidad de La Plata, en el marco de una causa por presuntas amenazas e intimidación pública, abrió un debate sobre los alcances de las investigaciones preventivas y los procedimientos judiciales vinculados a publicaciones en redes sociales.

El operativo había sido presentado inicialmente como un importante procedimiento policial, luego de que se detectaran publicaciones en Instagram en las que un adolescente de 16 años exhibía armas de fuego y realizaba prácticas de tiro.

La investigación se enmarcó en una causa impulsada por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, relacionada con amenazas que habían generado preocupación en distintas instituciones educativas de la región.

Como resultado del allanamiento, realizado en una vivienda de la localidad de San Carlos, se secuestraron 25 armas de fuego y más de 6.700 municiones.

En un primer momento, las autoridades destacaron que el menor manipulaba armamento de distintos calibres y que existían adultos que lo instruían en esa actividad.

Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a surgir elementos que modificaron sustancialmente el escenario inicial.

El adolescente investigado resultó ser un deportista de alto rendimiento que representa a la Argentina en competencias internacionales de Tiro Práctico (IPSC), una disciplina reconocida mundialmente y regulada por estrictas normas de seguridad.

Actualmente,  el joven ocupa posiciones destacadas en el ranking internacional juvenil y tenía previsto participar de una competencia internacional en Grecia, programada entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre.

El secuestro del equipamiento deportivo, según allegados a la familia, compromete seriamente su preparación y participación en ese certamen.

En este contexto, la familia inició gestiones judiciales para solicitar la restitución del material incautado, argumentando que gran parte del armamento y de los elementos secuestrados poseen tenencia legal y están destinados exclusivamente a la práctica deportiva.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar tanto la continuidad de la investigación como el eventual reintegro del material secuestrado, mientras la familia del joven asegura atravesar un profundo impacto emocional por la repercusión del caso, según informó El Día.