La contadora platense Natalia Foresio, principal acusada en la megacausa federal que investiga una presunta organización dedicada a la evasión fiscal, el lavado de activos y la emisión de facturas apócrifas, se negó a declarar este martes durante la ampliación de su declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak. 

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, donde Foresio compareció acompañada por uno de sus abogados defensores, Miguel Molina, quien le recomendó hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio.

La decisión, según trascendió, forma parte de la estrategia procesal de la defensa y no implica reconocimiento alguno de responsabilidad penal. 

De acuerdo con la información publicada por 0221, la defensa de la contadora optó por reservarse la posibilidad de brindar explicaciones en una instancia posterior, mientras continúa analizando el expediente y las nuevas pruebas incorporadas por la Justicia Federal. 

En este momento, Foresio permanece bajo arresto domiciliario y es la única imputada privada de la libertad en una causa que también involucra a empresarios, contadores y presuntos colaboradores que transitan el proceso en libertad.

En las últimas semanas sus abogados presentaron un pedido de excarcelación al considerar que ya no existen riesgos procesales que justifiquen la continuidad de la medida restrictiva. 

La investigación, que comenzó en el año 2024, apunta a una presunta estructura dedicada a la emisión de facturas apócrifas para generar créditos fiscales indebidos, reducir cargas tributarias y canalizar fondos a través de decenas de sociedades comerciales.

En Argentina, las penas por evasión fiscal dependen del monto defraudado y se rigen por el Régimen Penal Tributario (modificado por la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal)m

Las sanciones se estructuran de la siguiente manera:

- Evasión Simple: Cuando el monto evadido supera los \($100.000.000) por tributo y por ejercicio anual, la pena es de 2 a 6 años de prisión.

- Evasión Agravada: Cuando el monto evadido supera los ($1.000.000.000) o  se utilizan facturas falsas o testaferros  la pena es de 3 años y seis meses a 9 años de prisión.

- Infracción Administrativa: Si la evasión es por un monto menor a los ($100.000.000) no constituye un delito penal, pero acarrea multas económicas y sanciones civiles por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).