La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) promovió una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la que cuestionó el traspaso del personal extraprogramático y no docente de los colegios privados al régimen previsional del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) en reemplazo del régimen nacional administrado por ANSES, al que vienen aportando hasta el momento, y pidió la declaración de inconstitucionalidad.

La controversia se originó a partir del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires, que dispuso que los docentes extraprogramáticos —quienes dictan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria— y el personal no docente de instituciones educativas de gestión privada pasen a aportar al IPS.

Desde AIEPA advirtieron que la medida fue adoptada sin una instancia previa suficiente de diálogo y sin brindar un marco normativo, administrativo y operativo claro que otorgue seguridad jurídica a las instituciones educativas alcanzadas.

“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por ANSES”, explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.

Según estimaciones del sector, el eventual traspaso podría alcanzar entre 50.000 y 55.000 trabajadores, correspondiente a personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogramáticas.

La modificación implicaría que esos trabajadores y sus empleadores dejen de aportar al sistema nacional y pasen al régimen provincial.

AIEPA advierte que la medida tendría un impacto económico directo. Por un lado, podría aumentar el costo laboral de las instituciones educativas, especialmente por la eventual pérdida o inaplicabilidad del régimen nacional diferencial de contribuciones patronales previsto para establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial.

Pero también podría afectar el ingreso de bolsillo de los trabajadores, ya que el aporte personal al régimen provincial resulta superior al previsto en el sistema nacional.

Además, la entidad remarcó que el cambio podría generar consecuencias previsionales para el propio personal alcanzado, ya que muchos trabajadores poseen trayectorias laborales vinculadas al régimen nacional y, aun cuando comiencen a aportar al IPS, podrían no reunir en el futuro los años necesarios para acceder a una jubilación por el régimen provincial.

En ese escenario, terminarían jubilándose por ANSES, mientras que durante años sus aportes habrían sido derivados al sistema provincial.

La postura de AIEPA se funda, entre otros aspectos, en la subsistencia del régimen nacional vigente, la jerarquía normativa federal, la falta de coordinación interjurisdiccional y el riesgo de que los colegios queden expuestos a reclamos cruzados de organismos nacionales y provinciales.

La entidad advirtió que si una institución dejará de ingresar, de un período a otro, los aportes y contribuciones al régimen nacional sin contar con una norma o acto administrativo nacional que expresamente la exima de hacerlo, podría quedar expuesta a eventuales reclamos de deuda por parte de ANSES, ARCA u otros organismos competentes.

Además de la acción judicial, AIEPA efectuó distintas presentaciones institucionales ante los organismos competentes. Entre ellas, comunicó formalmente a DIEGEP su postura y solicitó que, hasta tanto exista certeza normativa, administrativa y judicial suficiente, no se exija a los establecimientos educativos la denuncia, carga o incorporación del personal extraprogramático a la planta funcional.

La controversia adquirió mayor relevancia institucional luego de que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y con intervención de los organismos competentes, promoviera una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Provincia de Buenos Aires, caratulada “Estado Nacional —Ministerio de Capital Humano— c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expediente CSJ 001481/2026-00.

En esa presentación, el Estado Nacional solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial cuestionada y el dictado de una medida cautelar para suspender su aplicación.

Para AIEPA, la demanda nacional constituye un respaldo sustancial a la línea argumental que la entidad viene sosteniendo desde el inicio del conflicto, en tanto confirma que la cuestión no se limita a una discusión administrativa local, sino que involucra competencias nacionales, obligaciones previsionales vigentes, recursos de la seguridad social y el principio de supremacía normativa.

“La aplicación inmediata del régimen provincial puede colocar a las instituciones educativas en una situación de grave incertidumbre jurídica, con riesgo de superposición de obligaciones, mayores costos laborales, eventuales reclamos de organismos nacionales y perjuicios para el personal alcanzado”, señalaron desde la entidad.

Por ello, la Asociación solicita que no se exija la implementación del traspaso a las escuelas, hasta tanto exista una definición judicial o normativa que otorgue certeza al sector educativo de gestión privada.