La regulación de las aplicaciones de transporte volvió a generar un fuerte debate este miércoles en el Concejo Deliberante de La Plata, luego de que el concejal de La Libertad Avanza, Juan Pablo Allan, presentara un proyecto para expresar la preocupación del cuerpo por los operativos municipales contra conductores de plataformas como Uber, DiDi y Cabify.

La iniciativa reavivó la discusión sobre la situación de las aplicaciones de transporte en la ciudad, que actualmente no cuentan con una regulación específica. 

En ese marco, el Municipio viene realizando controles y operativos que, en algunos casos, derivan en multas y el secuestro de vehículos de conductores que prestan servicios a través de estas plataformas, en respuesta a reclamos del sector de taxis y remises, que denuncian una competencia desleal.

Durante el debate, Allan cuestionó duramente la postura del Ejecutivo municipal y sostuvo que "mientras no esté prohibido, está permitido", al tiempo que recordó la existencia de fallos judiciales que habilitan el funcionamiento de estas aplicaciones.

"No solo estamos haciendo algo ilegal desde el Municipio y atacando a los laburantes y a sus clientes, sino que además tenemos dos escarbadientes para combatirlo y estamos errando las prioridades", afirmó.

Además, consideró que "mientras no esté prohibido, el Municipio no puede secuestrar el patrimonio de los trabajadores" y cuestionó la ausencia de una propuesta oficial para regular la actividad.

Desde el PRO, el concejal Nicolás Morzone acompañó el planteo de Allan y calificó como "inconstitucional" la actuación municipal.

"Tienen una fuente inagotable de fisuras, trapitos y falsos cooperativistas, pero eligen atacar a miles de platenses que adhirieron sus vehículos a estas plataformas", sostuvo.

La postura del oficialismo fue defendida por varios concejales de Fuerza Patria. Juan Manuel Granillo Fernández argumentó que los servicios de taxis y remises "pagan tasas que los choferes de aplicaciones no pagan" y advirtió que los pasajeros de las aplicaciones "no tienen el resguardo necesario". No obstante, reconoció la necesidad de avanzar en una regulación.

"Eso no significa que no haya que hacer un esfuerzo para regular, pero la condición necesaria es que las personas jurídicas realicen la inscripción en la Municipalidad", señaló.

Asimismo, alertó que "la desregulación va a generar grandes consecuencias en el futuro" y sostuvo que "lo que hace el Municipio con los controles no es ni más ni menos que cumplir con la norma y proteger a los vecinos".

En la misma línea, Sergio Resa (Fuerza Patria) cuestionó el argumento de quienes sostienen que aquello que no está prohibido está permitido.

"Se habla de que lo que no está prohibido está permitido, pero después se presentan proyectos para regular, algo que claramente hay que hacer", indicó.

Además, remarcó que "se omite que los controles se hicieron donde había paradas clandestinas de de choferes de aplicaciones" y consideró que "mientras no esté reglamentado, hay que controlarlo".

Por su parte, la concejal Ona Parrilli (Fuerza Patria) aseguró no estar "en contra de ningún trabajo", aunque defendió la necesidad de establecer controles. "¿Saben que el conductor de aplicaciones paga el triple de seguro y tiene que hacerse cargo de los daños de sus autos?", planteó la concejal, y celebró "el proyecto del gobernador para regular el sistema".

La concejal Romina Santana (Fuerza Patria) también respaldó la discusión sobre la actividad y destacó el reconocimiento de quienes trabajan en plataformas digitales. "Celebro que se ponga en discusión este tema y que a los conductores de aplicaciones se los nombre como trabajadores", expresó la edil, y recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reunida recientemente en Ginebra, avanzó en un acuerdo vinculado a los derechos laborales de estos trabajadores, a partir de una iniciativa impulsada por la CGT.

Finalmente, el concejal Iván Zanetto (Pro) cuestionó la severidad de las sanciones aplicadas por el Municipio y apuntó contra "las multas de 300 mil pesos a los trabajadores y el secuestro de los autos".