El comercio ilegal continúa ganando terreno en la Argentina y ya representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PBI), según advirtieron especialistas durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito.

De acuerdo con un informe de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), el contrabando alcanzó ese nivel tanto en Argentina como en Brasil, mientras que en México asciende al 8% del PBI.

La situación genera una fuerte preocupación entre empresarios por el impacto económico y fiscal que produce.

Durante el encuentro, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, sostuvo que el país arrastra años de controles insuficientes sobre el ingreso ilegal de mercaderías.

No obstante, reconoció que el Gobierno nacional intenta fortalecer las herramientas para combatir esta problemática, aunque remarcó la dificultad que implica controlar una frontera de más de 9.300 kilómetros.

Uno de los sectores más afectados es el de la telefonía móvil. Según datos expuestos por María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, uno de cada tres celulares que ingresan al mercado argentino proviene del contrabando, lo que equivale a unos tres millones de equipos por año.

Además, estos dispositivos representan entre el 5% y el 15% del comercio ilegal total.

El informe también señala que el Estado nacional deja de percibir alrededor de 2.300 millones de dólares en ingresos fiscales como consecuencia del crecimiento del comercio ilegal.

Entre los productos más afectados por el contrabando figuran los celulares, las bebidas alcohólicas, el tabaco y los productos textiles.

En el caso del tabaco, el gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, Juan José Benítez, afirmó que tres de cada diez cigarrillos consumidos en América Latina son ilegales y aseguró que se trata del bien legal más contrabandeado de la región.

Por su parte, el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Martín Blanco Muiño, explicó que el Estado enfrenta limitaciones para fiscalizar tanto la extensa frontera como los más de 250.000 comercios de cercanía existentes en el país.

En tanto, desde la Dirección General de Aduanas destacaron que el organismo trabaja en la modernización de los controles, la desregulación de procesos y el fortalecimiento de la fiscalización del tráfico de mercaderías.