El diputado bonaerense de La Libertad Avanza por la octava sección electoral (es decir, la ciudad de La Plata), Francisco Adorni, atraviesa horas muy complejas. La fragilidad de su situación judicial, pese a la distracción que le facilitó el desarrollo del Mundial, preocupa al universo libertario platense.

Podría significar una mochila de plomo con vistas a las próximas elecciones del 2027. ¿Cómo salir a pedir votos el año que viene a una sociedad cada día más hastiada, si el último condidato de LLA tardó tan poco en arrimarse al frío universo de los barrotes?

Vale señalar que en la semana que pasó los tribunales federales aceleraron las investigaciones sobre el legislador platense al sumar el requerimiento de pruebas que reactivan la posibilidad de un llamado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.

En tanto, la Cámara Federal unificó en los despachos de Comodoro Py una segunda causa penal por supuesta malversación de fondos públicos.

El frente central que mantiene en vilo al legislador de La Plata está radicado en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, donde se instruye el expediente por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales, enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa.

Por otra parte, el fiscal Gerardo Pollicita sumó el pedido formal de su par Guillermo Marijuan para indagar a Adorni por inconsistencias severas en su patrimonio, un escalón procesal que puso la lupa sobre el crecimiento de sus bienes durante su reciente paso como funcionario del Ministerio de Defensa.

Además, la Justicia trabaja para reconstruir los movimientos financieros tras levantarse el secreto bancario y fiscal del diputado de LLA.

Con la investigación, en ese marco, analizan dos operaciones comerciales: la cancelación en tiempo récord de un crédito hipotecario de aproximadamente 60 millones de pesos otorgado por el Banco Provincia y la adquisición de una camioneta de lujo.

Según los investigadores, la celeridad con la que canceló esos pagos y el financiamiento de los vehículos no tienen correlato con los ingresos formales que Adorni percibía en la función pública.

Además, para desgracia del afamado intérprete de Naranjo en Flor, el 8 de julio pasado el magistrado ordenó medidas de prueba urgentes para certificar la documentación antes de definir si da lugar a la indagatoria.

En esa línea de trabajo, el juzgado envió requerimientos  al Banco Provincia para conocer en detalle las condiciones del pago del crédito de 60 millones, y al Registro de la Propiedad para verificar la titularidad de los inmuebles bajo sospecha .

También pidió a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que remitiera inmediatamente la última declaración jurada que Adorni presentó al asumir su banca.

Pero eso no es todo:  la Cámara Federal porteña dispuso unificar una causa complementaria impulsada por una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se investiga el paso de Adorni al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

El juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González quedaron a cargo de investigar si existieron delitos de malversación de fondos, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la concesión de un préstamo de 40.000 millones de pesos otorgado por el IAF a la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

Según la denuncia, el actual legislador provincial habría eludido los controles obligatorios sobre el destino y la rendición de esos millonarios recursos.

La defensa legal del legislador niega cualquier irregularidad penal y sostiene que los "desajustes" señalador por la fiscalía responden a meras cuestiones administrativas y errores formales que fueron subsanados con rectificaciones tardías ante los organismos de control.

En ese marco, alegan que esas transacciones no configuran un incremento patrimonial injustificable.

Antes del receso invernal podría formalizarse el pedido de indagatoria y el procesamiento por enriquecimiento ilícito de Francisco Adorni, ese un dato indiscutible y que podría sacidr el tablero político local. La Libertad Avanza lograría el triste récord de sufrir el procesamiento de un legislador que a muy poco de asumir su función quedaría a poco de ir preso. Claro está: si la justicia fuera independiente de las presiones del poder político.