La jueza de Garantías Marcela Garmendia ordenó la paralización inmediata de las obras en diez emprendimientos inmobiliarios investigados por presuntos loteos ilegales en La Plata y cuestión al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta por la falta de avances en la investigación.

La medida cautelar dispone el cese, por el plazo de seis meses, de toda actividad de construcción, movimiento de suelo, apertura de calles e instalación de infraestructura en los desarrollos alcanzados por la resolución judicial.

En su fallo, la magistrada sostuvo que la causa presenta una marcada demora y advirtió que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, todavía no existen resoluciones de mérito sobre los principales denunciados.

También criticó la falta de impulso de la pesquisa y cuestionó que el Ministerio Público no haya solicitado medidas cautelares concretas ni unificado los distintos expedientes vinculados al caso.

La investigación se originó a partir de denuncias impulsadas por la Municipalidad de La Plata en octubre de 2024, en el marco de una causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada a la comercialización de emprendimientos urbanísticos irregulares, integrada por exfuncionarios municipales y empresarios del sector.

Además de ordenar la suspensión de las obras, Garmendia resolvió acumular las distintas actuaciones judiciales relacionadas con los loteos, una medida que, según señaló en la resolución, debió haberse dispuesto durante la etapa de instrucción.

El expediente también expone el impacto que tienen estos desarrollos sobre el ordenamiento territorial.

De acuerdo con datos municipales incorporados a la causa, fueron detectados 435 barrios o loteos ilegales e irregulares en La Plata, muchos de ellos ubicados en zonas con riesgo hídrico o sin la infraestructura básica necesaria para su urbanización.

La investigación busca determinar las responsabilidades penales por la comercialización de terrenos que, en numerosos casos, no reunían las condiciones legales para ser subdivididos, escriturados o urbanizados, situación que habría perjudicado a miles de familias.

Entre las personas investigadas figuran el exintendente Julio Garro, exfuncionarios municipales y empresarios vinculados a distintos desarrollos inmobiliarios.