La de mayor impacto político es la de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien quedó habilitado para asumir al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, un tribunal estratégico que tiene bajo su órbita la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y la conductora Jesica Cirio.

El juzgado que investigará el caso Insaurralde

La designación de Rodríguez Ponte era una de las más observadas dentro del paquete de pliegos. El magistrado se desempeñó como secretario de Ariel Lijo, el juez federal al frente de investigaciones de alto impacto político, entre ellas la causa por presunto enriquecimiento ilícito del vocero presidencial Manuel Adorni y el expediente sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan supuestas irregularidades en contrataciones, sobreprecios y pago de coimas. Su nombre también había cobrado notoriedad cuando el presidente Javier Milei lo incluyó entre los candidatos evaluados para cubrir una de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia, iniciativa que finalmente no prosperó.

Ahora, uno de sus hombres de confianza desembarcará en uno de los juzgados federales con mayor peso político del país. Además del expediente que involucra a Insaurralde y Cirio, el tribunal tiene competencia sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal, dos áreas sensibles dentro de la jurisdicción federal.

Dos designaciones con peso en San Martín y Mar del Plata

El Senado también aprobó el pliego de Bernardo María Rodríguez Palma, quien pasará a integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, uno de los tribunales encargados de juzgar las principales causas penales federales en el conurbano bonaerense.

En tanto, Santiago José Martín dejará el Juzgado Federal N°2 en lo civil, comercial y laboral de Mar del Plata para pasar a integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, un puesto de fuerte relevancia institucional ya que ese tribunal revisa las decisiones de los juzgados federales de primera instancia en causas penales, civiles, comerciales y contencioso-administrativas de una amplia región de la provincia de Buenos Aires.

Las tres designaciones formaron parte del paquete de 29 pliegos judiciales que el oficialismo logró aprobar durante la sesión del Senado, en la que también se avalaron jueces, fiscales, defensores públicos y conjueces para distintas jurisdicciones del país.

Fuente: Agencia DIB.