La asociación civil Consumidores Responsables advirtió sobre el avance del sobreendeudamiento de los hogares argentinos y señaló que la problemática “dejó de ser una situación excepcional para convertirse en un fenómeno estructural”.

En ese marco, informó que trabaja en la elaboración de una ordenanza vinculada a esta situación, “como ya existen en algunos municipios de la provincia”, y  convocó a otras organizaciones sociales a generar espacios de información, asesoramiento y acompañamiento para ciudadanos y ciudadanas endeudadas.

La entidad apuntó que actualmente las familias “no se endeudan para progresar o comprar un inmueble o un electrodoméstico”, sino que recurren a tarjetas de crédito y aplicaciones financieras de créditos inmediatos para afrontar gastos cotidianos como la compra de alimentos, el pago de servicios o la cancelación de deudas anteriores.

“Estamos ante un carrusel financiero invivible”, afirmó la asociación, y consideró que ya no se trata de casos aislados sino de una problemática extendida en los hogares argentinos.

Al respecto, el presidente de la asociación, Henry Stegmayer, sostuvo que “frente a este escenario hay un desafío claro: no solo proteger a las personas consumidoras frente a abusos, sino también construir herramientas eficaces para prevenir y resolver situaciones de endeudamiento que, en muchos casos, ya resultan difíciles de revertir”.

Por ese motivo, reclamó acciones urgentes para “solucionar el avance descontrolado del sobreendeudamiento de los consumidores en Argentina” y poner fin al “hostigamiento y acoso” que, según señalaron, llevan adelante algunos estudios de cobranza “de manera inconstitucional e ilegal”.

En ese marco, Consumidores Responsables planteó tres líneas de acción dirigidas a los distintos niveles del Estado.

En el ámbito nacional, reclamó al Congreso de la Nación la “inmediata unificación y tratamiento” de los proyectos de ley frenados en comisiones para crear una Ley de Segunda Oportunidad o de Insolvencia Familiar, similar a las existentes en países europeos y de la región como Chile y Uruguay.

Esa normativa debería establecer un marco legal gratuito que permita a las personas reestructurar sus deudas “de forma justa y sostenible, sin poner en riesgo su subsistencia”.

La organización también solicitó devolver facultades regulatorias al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer límites a las tasas de interés de las fintech.

A nivel provincial, pidió la sanción urgente de leyes que penalicen el acoso y hostigamiento de las agencias de cobranza. “Ninguna deuda legítima puede justificar la persecución psicológica a familiares, la invasión de la privacidad laboral o las amenazas falsas de embargo”, indicó.

Por último, en el plano municipal, la entidad reclamó que los intendentes fortalezcan las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), impulsen ordenanzas para crear registros de control para financieras territoriales, establezcan instancias de mediación obligatoria y desarrollen programas de educación financiera temprana en las comunidades.

“El sobreendeudamiento no es una falla moral del ciudadano que gasta de más, es la consecuencia de salarios licuados por la inflación combinados con un mercado de dinero digital totalmente desregulado”, afirmó Stegmayer.

Finalmente, el titular de Consumidores Responsables concluyó: “Mirar para otro lado es empujar a millones de argentinos a la marginalidad absoluta. El Estado, en todas sus instancias, debe intervenir ahora”.