Ante el reinicio de las clases tras el receso invernal, el gobierno nacional expresó su postura frente a la huelga convocada por los sindicatos docentes.

Desde la cartera de Capital Humano, encabezada por Sandra Pettovello, remarcaron la vigencia de la reciente reforma laboral que clasifica al servicio educativo como una actividad esencial.

En ese  marco , las autoridades advirtieron que las escuelas están obligadas a garantizar un mínimo del 75% de la prestación habitual del servicio durante la jornada de protesta.

Para asegurar el acatamiento de la medida, el Ejecutivo adelantó que desplegará un operativo de fiscalización en diversos establecimientos del país mediante relevamientos muestrales. En caso de detectarse irregularidades o el incumplimiento del porcentaje requerido, el gobierno prevé activar los protocolos de sanción hacia las organizaciones sindicales promotoras del reclamo.

La medida de fuerza, impulsada a nivel nacional por CTERA, cuenta con la adhesión de las principales representaciones gremiales en distritos clave como la provincia de Buenos Aires (entre ellas UDOCBA, SUTEBA, FEB, SADOP y AMET) además de contar con el respaldo de sectores del ámbito universitario.

Las asociaciones docentes justifican el paro en la pérdida de poder de compra de los salarios, exigien la convocatoria "urgente" a paritarias nacionales,  y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un beneficio histórico quitado por la actual administración.

Ese escenario representa un verdadero test  para ambas partes, ya que va a ser la primera protesta bajo el nuevo estatus legal de esencialidad. Por eso desde el Gobierno reiteraron el llamado a los trabajadores del sector para que garanticen el 75% de las aulas con clases.