La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por la decisión del Gobierno nacional de eliminar el programa "Volver al trabajo", que alcanza a más de 900 mil trabajadores de la economía popular.

La presentación judicial busca revertir un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín del pasado 13 de julio de 2026, que revocó la cautelar dictada en abril pasado por el Juzgado Federal de Campana. Aquella resolución de primera instancia obligaba al Ejecutivo a sostener las asignaciones dinerarias mensuales hasta que se resolviera la cuestión de fondo.

En el escrito de 29 páginas, los demandantes sostienen que la decisión de la Cámara incurre en arbitrariedad al desconocer el carácter alimentario y de subsistencia de la prestación suprimida por el Gobierno. Argumentan que la interrupción del ingreso mensual afecta derechos constitucionales básicos (artículos 14 bis, 18, 28, 43 y 75 incisos 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional), provocando un "gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior" para familias en situación de vulnerabilidad social.

Uno de los puntos centrales del recurso radica en la falta de equivalencia entre el programa dado de baja y las alternativas ofrecidas por la cartera que encabeza Capital Humano.

Por ejemplo, el padrón del Programa "Volver al Trabajo" tiene, de acuerdo a su última liquidación, un pago de asignaciones a 917.740 beneficiarios, mientras que el interés en capacitaciones exhibe a 136.000 personas.

A partir de esta brecha, la defensa de los beneficiarios recalca que el nuevo programa consiste en una oferta condicional de cursos y vouchers sujetas a vacantes e inscripción, y no en un ingreso directo periódico que garantice la canasta básica alimentaria de la totalidad del universo afectado.