Por: Bruno Carpinetti

Hay noticias que permiten ver un país entero a través de un problema aparentemente puntual. La investigación de Hugo Alconada Mon publicada recientemente en LA NACION sobre los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) es una de ellas. Según la información publicada, durante dos años y medio el Gobierno nacional recaudó alrededor de $1,5 billones destinados a infraestructura vial, pero ejecutó apenas una cuarta parte, mientras más de un billón de pesos permanecía colocado en instrumentos financieros. La propia administración nacional reconoció posteriormente que esos recursos son utilizados para contribuir al equilibrio fiscal.

La denuncia tuvo repercusión política inmediata. Intendentes, legisladores y dirigentes opositores cuestionaron al Gobierno nacional y reclamaron explicaciones sobre el destino de fondos cuya finalidad está vinculada legalmente con las rutas nacionales.

La pregunta no solo es legítima. Más aún: es necesaria.

Si el Estado recauda un recurso con una finalidad determinada, debe explicar cuánto recauda, cuánto ejecuta y qué hace con lo que no ejecuta.

Pero justamente por eso hay una segunda pregunta, bastante más incómoda: ¿por qué ese mismo principio no debería aplicarse con igual rigor a los municipios bonaerenses que cobran tasas destinadas al mantenimiento de los caminos rurales?

La motosierra no es solamente ajuste

La política del Gobierno de Javier Milei no puede reducirse a una discusión sobre equilibrio fiscal. Hay detrás una concepción política que busca reducir las capacidades del Estado, limitar su intervención y trasladar al mercado responsabilidades que durante décadas fueron consideradas públicas.

El problema es que la retirada estatal produce deterioro. Y ese deterioro puede convertirse después en argumento para profundizar la retirada.

Una ruta abandonada no es solamente una ruta en mal estado. Es mayor costo de transporte, menor competitividad, pérdida de integración territorial y, finalmente, pérdida de patrimonio público.

Por eso es necesario cuestionar la política nacional de desinversión y exigir que los recursos destinados a las rutas sean efectivamente utilizados para conservarlas y mejorarlas.

Pero esa crítica pierde autoridad cuando quienes la formulan no aceptan el mismo estándar de control sobre sus propias administraciones.

El problema no termina en la Casa Rosada

Muchos intendentes bonaerenses tienen razón cuando denuncian el deterioro de las rutas nacionales. Es una responsabilidad del Gobierno nacional y sus consecuencias recaen sobre los territorios.

Pero los municipios también tienen responsabilidades.

En buena parte de la provincia, los productores y pobladores del campo pagan tasas destinadas al mantenimiento de la red vial rural. Y aquí aparece una situación difícil de ignorar: caminos deteriorados, tasas que continúan cobrándose y administraciones que no siempre ofrecen información clara sobre cuánto recaudan, cuánto gastan y qué obras realizan.

No se trata de equiparar las competencias de Nación y municipios. Se trata de aplicar un mismo principio: el dinero público debe poder ser rastreado desde la recaudación hasta el resultado.

La Justicia empezó a abrir la caja de la tasa vial

Esta discusión ya no pertenece solamente al terreno político. En distintos municipios bonaerenses, productores rurales han recurrido a la Justicia para cuestionar el cobro de la tasa vial o exigir información sobre el destino de los fondos.

En Carlos Casares, una productora logró que la Justicia reconociera la falta de contraprestación suficiente y ordenara restituir lo abonado por la tasa en el período cuestionado. La sentencia fue confirmada en segunda instancia.

En Daireaux, una sentencia de marzo de 2026 declaró ilegítimo el cobro de la tasa respecto de determinadas parcelas al considerar que el municipio no había acreditado adecuadamente la prestación del servicio.

En Baradero, la Justicia obligó al municipio a entregar información sobre recaudación, gastos y destino de los fondos de la tasa vial.

En Azul, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó la obligación municipal de entregar documentación sobre la recaudación y utilización de los recursos.

Y en Hipólito Yrigoyen, un fallo ordenó al municipio presentar información sobre el destino de los fondos recaudados durante los últimos años.

Los casos no son idénticos y no todos implican que exista malversación. Esa distinción es importante. Pero todos señalan una cuestión de fondo: la tasa vial no es un cheque en blanco para el municipio.

Si se cobra por un servicio, debe existir una contraprestación. Y si se administran recursos públicos, los contribuyentes tienen derecho a conocer su destino.

Que un productor tenga que recurrir a un juez para conseguir información que debería recibir de su municipio constituye, por sí mismo, una señal preocupante.

El ciudadano es el mismo

Aquí aparece la contradicción política.

El productor que paga impuestos nacionales y observa una ruta nacional abandonada es el mismo que paga una tasa municipal y transita después por un camino rural deteriorado.

Para él, la distinción entre jurisdicciones existe en un expediente administrativo. En su vida cotidiana existe algo mucho más sencillo: el Estado funciona o no funciona.

Por eso resulta legítimo reclamarle al Gobierno nacional por los fondos viales.

Pero resulta igualmente legítimo preguntarles a los intendentes:

¿Cuánto recaudaron?

¿Cuánto gastaron?

¿En qué?

¿Cuántos kilómetros mantuvieron?

¿Cuánto costaron las obras?

¿Qué parte se tercerizó?

¿Quiénes fueron los contratistas?

No son preguntas partidarias. Son preguntas republicanas.

Y deberían formularse con la misma intensidad independientemente de quién gobierne.

Cada camino roto alimenta a la motosierra

Aquí está el problema que debería preocupar especialmente a quienes defienden la presencia del Estado.

Una administración mediocre no solamente administra mal, sino que también destruye legitimidad.

El ciudadano que paga una tasa y no recibe el servicio puede terminar pensando que el impuesto es inútil. El productor que no obtiene respuestas puede concluir que la burocracia solamente sirve para cobrar. El vecino que ve una obra abandonada puede comenzar a creer que la obra pública es necesariamente ineficiente o corrupta.

Ese ciudadano constituye el terreno ideal para la prédica libertaria.

El Gobierno de Milei no necesita demostrar que el mercado siempre funciona mejor. Le alcanza con que la experiencia cotidiana convenza a suficientes personas de que el Estado funciona peor.

Por eso cada camino abandonado, cada obra inconclusa y cada peso que nadie consigue explicar termina alimentando, aunque sea involuntariamente, la política de la motosierra.

Defender al Estado no es defender a quienes lo administran

La respuesta no puede ser negar esas deficiencias, ni tampoco puede consistir en defender corporativamente a los funcionarios que administran el Estado.

Defender lo público significa exigir más: mejores instituciones, profesionalización, transparencia, control y resultados.

Un Estado fuerte no es necesariamente un Estado que gasta más. Es un Estado capaz de hacer eficientemente aquello que la sociedad le encomendó.

Y esa capacidad tiene un costo, pero perderla cuesta mucho más.

Por eso la crítica al Gobierno nacional debe ser firme. La reducción deliberada de las capacidades estatales, el abandono de infraestructura y la utilización de recursos destinados a finalidades específicas para otros objetivos deben ser discutidos y controlados.

Pero esa crítica pierde fuerza cuando quienes la formulan aplican una vara para Nación y otra para sus propios municipios.

No podemos denunciar la discrecionalidad nacional mientras toleramos la opacidad municipal.

No podemos defender el Estado y aceptar que un ciudadano tenga que ir a la Justicia para saber qué hizo un municipio con la tasa que él mismo pagó.

No podemos combatir a la “casta” solamente cuando está sentada en CABA.

La verdadera batalla se libra en el barro

Las rutas nacionales y los caminos rurales muestran, en una escala muy concreta, la discusión política que atraviesa la Argentina.

De un lado, un Gobierno nacional que parece haber decidido que las fallas del Estado se solucionan eliminando el Estado.

Del otro, sectores que dicen defenderlo, pero que no siempre consiguen administrarlo con la eficacia y transparencia necesarias.

Ambas posiciones son nocivas para los intereses de la sociedad.

La primera porque destruye capacidades públicas que la sociedad necesita.

La segunda porque convierte la defensa del Estado en una defensa de sus administradores, incluso cuando los resultados son deficientes.

Entre ambas posiciones está el pueblo.

El productor que no puede sacar su producción después de una lluvia. El transportista que rompe su vehículo. El maestro que llega tarde a una escuela rural. La familia que necesita una ambulancia.

Para todos ellos, el Estado no es una teoría.

Es una ruta.

Es un camino.

Es un puente.

Es un servicio.

Por eso la verdadera batalla por el Estado no se libra solamente en el Congreso ni en las redes sociales.

También se libra en el barro.

Y ahí no alcanzan las consignas.

El mejor argumento contra la motosierra

Frente al proyecto de desmantelamiento estatal de Javier Milei, la respuesta no puede ser la reivindicación nostalgica del Estado que alguna vez tuvimos.

Tiene que ser la construcción de un Estado que funcione.

Un Estado que recaude y explique. Que planifique y ejecute. Que invierta y rinda cuentas. Que tenga capacidades técnicas y controle sus resultados.

La investigación de Alconada Mon abrió una pregunta imprescindible sobre el destino de los fondos nacionales para las rutas.

Los fallos de Carlos Casares, Daireaux, Baradero, Azul e Hipólito Yrigoyen muestran que una pregunta semejante también está llegando a los municipios bonaerenses.

La pregunta, en definitiva, debería ser la misma para todos:

¿Qué hace cada nivel del Estado con el dinero que los ciudadanos le confían para hacer aquello que debe hacer?

No se trata de defender al Gobierno nacional ni tampoco de atacar a los intendentes.

Se trata de algo más importante: elevar el estándar de la política.

Porque si quienes creemos que el Estado es necesario queremos impedir que la motosierra se convierta en sentido común, tenemos que demostrar que un Estado presente puede ser también un Estado eficaz.

El mejor argumento contra quienes quieren destruirlo no es decir que el Estado es necesario.

Es mostrar que funciona.

Y quizás no haya mejor lugar para empezar que allí donde la presencia —o la ausencia— del Estado se vuelve imposible de ocultar: en el barro.

 

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El autor es productor rural de Punta Indio. Se diplomó y obtuvo una Maestría en Ciencias en Biología de la Conservación en la Universidad de Kent, Inglaterra. Completó el Diploma de postgrado en Antropología Social y Política en FLACSO – Buenos Aires, y se Doctoró en Antropología Social en la Universidad Nacional de Misiones. Ha ocupado distintos cargos en la administración pública, entre otros fue director de la Administración de Parques Nacionales y Subsecretario de Coordinación de Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la Presidencia de la Nación durante el gobierno de Nestor Kirchner.