Por: Bruno N. Carpinetti *

Hay decisiones que pueden presentarse como reorganizaciones administrativas, traslados de unidades o simples medidas destinadas a reducir gastos, pero que, vistas desde el territorio, adquieren otra dimensión. La decisión del Gobierno nacional de reducir drásticamente las actividades de la Base Aeronaval Punta Indio y trasladar a Bahía Blanca la Escuela de Aviación Naval y las escuadrillas de vigilancia marítima es una de ellas.

Formalmente, Punta Indio no desaparecerá. La instalación será reconvertida en una estación aeronaval de menor estructura. Pero para Verónica y para el partido de Punta Indio, donde la presencia de la Armada constituye desde hace décadas uno de los principales motores de la vida económica y social, la diferencia entre "cierre" y "reconversión" puede resultar puramente semántica. La propia Provincia de Buenos Aires denunció la reducción de actividades y el traslado de las capacidades de vigilancia marítima y formación aeronáutica hacia la Base Aeronaval Comandante Espora.

No se trata solamente de aviones que dejan de despegar de una pista. Se trata de trabajadores que pueden dejar de vivir en la localidad, de familias que pueden trasladarse, de proveedores que pierden actividad, de comercios que reciben menos ingresos y de una institución que durante más de un siglo formó parte de la identidad de Punta Indio.

 

Una base que nació con una idea de país

La Base Aeronaval Punta Indio fue creada en 1925, cuando la Escuela de Aerostación Naval fue trasladada desde Fuerte Barragán hacia este territorio. Desde entonces, la presencia aeronaval no fue un accidente ni una actividad económica circunstancial: fue parte del proyecto estratégico con el que el Estado argentino decidió ocupar, conocer y defender su territorio.

La historia de la base está estrechamente vinculada con la historia de la Aviación Naval argentina. Allí se formaron generaciones de aviadores, técnicos y especialistas; allí funcionaron escuelas, talleres y unidades operativas; desde allí se proyectaron capacidades hacia el Atlántico Sur y la Antártida.

La Escuela de Aviación Naval funciona en Punta Indio desde 1964. En 1982, además, personal y medios vinculados con la base participaron del esfuerzo bélico durante la Guerra de Malvinas. La experiencia de aquellos años no fue solamente la de los aviones que partieron hacia el sur. Punta Indio constituyó parte de la infraestructura humana, técnica y logística que permitió sostener las operaciones aeronavales.

Los aviadores navales que participaron del conflicto constituyen, por eso, una parte inseparable de la memoria de la localidad. Algunos volaron en las condiciones extremas del Atlántico Sur; otros integraron las unidades desplegadas en Río Grande, Ushuaia o las islas; otros permanecieron en Punta Indio sosteniendo el funcionamiento de una estructura que debía continuar operativa mientras una parte de la fuerza era enviada al teatro de operaciones.

La historia de Malvinas también puede leerse desde esa dimensión menos conocida: la de los cientos de hombres y mujeres que hicieron posible que los aviones volaran, que los sistemas fueran reparados, que los pilotos se entrenaran y que la logística funcionara. La documentación histórica de la Aviación Naval registra, entre otras cosas, el papel de Punta Indio en el apoyo a la organización de estaciones aeronavales y en el sostenimiento técnico de aeronaves durante el conflicto.

 

El costo de quitar una institución de un pueblo

La dimensión económica de la decisión es difícil de reducir a una planilla presupuestaria.

Según las informaciones difundidas en las últimas horas, la base tiene alrededor de 185 trabajadores civiles y unos 300 militares, mientras que otras estimaciones señalan el traslado de aproximadamente 150 efectivos como consecuencia de la reorganización.

Más allá de las diferencias en las cifras, hay un dato que resulta indiscutible: la Armada constituye uno de los principales empleadores y dinamizadores económicos de Punta Indio.

Una institución de estas características genera mucho más que salarios. Produce demanda para comercios, alquileres, transporte, talleres, servicios profesionales, mantenimiento, gastronomía, construcción y múltiples actividades indirectas. También sostiene escuelas, clubes, instituciones sociales y redes comunitarias que se construyen alrededor de una población estable.

Cuando una gran institución pública abandona progresivamente un territorio, el impacto no se limita al presupuesto de esa institución. Parte de ese gasto desaparece de la economía local.

En pueblos pequeños, además, el efecto multiplicador es considerablemente mayor que en una gran ciudad. Lo que para una administración central puede aparecer como una partida presupuestaria, para una localidad puede representar el alquiler de una vivienda, el sueldo de un empleado de comercio, el trabajo de un contratista o la matrícula de una escuela.

Por eso, discutir el futuro de Punta Indio exige incorporar una dimensión que suele quedar fuera de los análisis de eficiencia administrativa: el costo territorial de desarmar capacidades del Estado.

 

Una decisión que no empezó con Milei

Sería, sin embargo, demasiado sencillo atribuir toda la crisis de las Fuerzas Armadas al actual gobierno.

La degradación de las capacidades militares argentinas viene de mucho más atrás. Durante décadas, gobiernos de diferentes signos políticos no lograron construir una política de Estado sostenida para la Defensa Nacional. El resultado fue el envejecimiento del material, la pérdida de capacidades industriales y logísticas, la reducción de horas de vuelo y navegación, el deterioro de infraestructura y la creciente dificultad para mantener un sistema de defensa acorde con la extensión territorial y marítima de la Argentina.

El problema actual, entonces, tiene dos dimensiones.

Una es estructural y atraviesa varias décadas: la Argentina no logró construir una política de defensa estable, financiada y articulada con su desarrollo científico, tecnológico e industrial.

La otra es política y contemporánea: el gobierno de Javier Milei ha colocado al ajuste fiscal y a la reducción del Estado en el centro de su programa, y las Fuerzas Armadas tampoco han quedado al margen de esa lógica. En mayo de 2026 se informó un recorte de aproximadamente $49.000 millones en el presupuesto de Defensa, mientras distintas fuentes señalaron reducciones que afectaron programas de modernización y funcionamiento.

El problema es que una Fuerza Armada no puede administrarse como una oficina que simplemente debe gastar menos.

Una capacidad militar que se pierde puede requerir décadas y enormes inversiones para ser reconstruida. Un piloto que deja de entrenarse, un taller que se desactiva, una escuela que se traslada, una unidad que pierde masa crítica o una infraestructura que deja de utilizarse no son simplemente "ahorros": son capacidades estratégicas que se erosionan.

 

Defensa no es solamente guerra

Quizás uno de los mayores problemas del debate argentino consiste en reducir la Defensa Nacional a la hipótesis de una guerra convencional.

Un país como la Argentina necesita capacidades para controlar su espacio marítimo, proteger sus recursos pesqueros, vigilar su territorio, participar en operaciones antárticas, responder ante emergencias, realizar búsqueda y rescate, sostener comunicaciones y transporte estratégico y generar conocimiento sobre espacios cuya importancia económica y geopolítica no hará más que crecer.

La propia historia reciente de los Beechcraft B-200 operados desde Punta Indio constituye un buen ejemplo. Esas aeronaves participaron durante Malvinas en tareas de sostén logístico, reconocimiento, fotografía aérea, búsqueda y rescate; posteriormente fueron utilizadas en tareas de relevamiento y exploración, incluso para el control del mar dentro y fuera de la Zona Económica Exclusiva.

Es decir: la Defensa también produce soberanía cotidiana.

Cada vuelo de vigilancia sobre el Mar Argentino, cada operación de búsqueda y rescate, cada misión antártica, cada relevamiento y cada entrenamiento contribuyen a que el Estado tenga presencia efectiva sobre su territorio.

En un país con millones de kilómetros cuadrados de territorio continental, marítimo y antártico, esa presencia no es un lujo.

El Estado también se construye desde los pueblos

Hay además una dimensión política que suele quedar escondida detrás de las discusiones presupuestarias.

Durante buena parte de la historia argentina, las Fuerzas Armadas fueron instrumentos centrales de la construcción territorial del Estado. Participaron en la instalación de infraestructura, en la ocupación efectiva de regiones alejadas, en las comunicaciones, en la exploración geográfica, en el desarrollo antártico y, posteriormente, en numerosas actividades de apoyo a la comunidad.

Esa historia no debe idealizarse ni ocultar los enormes conflictos y responsabilidades políticas que atravesaron a las instituciones militares argentinas, particularmente durante el siglo XX. Tampoco significa reivindicar intervenciones militares en la vida democrática.

Significa algo diferente: reconocer que una democracia necesita Fuerzas Armadas profesionales, subordinadas al poder civil, modernas y dotadas de capacidades reales.

Una democracia fuerte no necesita militares deliberando sobre política. Necesita que las instituciones civiles definan una política de Defensa y que los militares tengan los medios para cumplirla.

Esa distinción es fundamental.

 

Punta Indio y una pregunta incómoda

La discusión sobre Punta Indio debería servir para formular una pregunta mucho más profunda que la de si mantener o no una determinada base.

¿Qué modelo de Estado quiere construir la Argentina?

Porque si el país pretende controlar sus recursos naturales, proteger su plataforma continental, conocer y administrar su mar, sostener una política antártica, desarrollar tecnología, garantizar presencia territorial y defender sus intereses estratégicos, necesita capacidades estatales para hacerlo.

Y esas capacidades no pueden depender exclusivamente del mercado.

Un mercado puede transportar mercancías. Puede explotar un recurso. Puede prestar un servicio.

Pero no tiene soberanía.

La soberanía es una atribución del Estado.

Por eso resulta paradójico que mientras la Argentina vuelve a descubrir el enorme valor estratégico de sus recursos naturales —hidrocarburos, pesca, minerales, agua, biodiversidad, territorio antártico y espacios marítimos— se discuta la reducción de las instituciones que deberían contribuir a conocer, vigilar y proteger esos espacios.

La Base Aeronaval Punta Indio no es únicamente un predio con hangares y una pista. Es una escuela. Es un taller. Es una comunidad de trabajadores. Es una infraestructura estratégica. Es conocimiento acumulado. Es memoria. Es capacidad de respuesta.

Y también es parte de una historia de 101 años.

No se trata de defender el pasado, sino de construir el futuro

La respuesta tampoco puede consistir simplemente en conservar todo tal como está.

Las Fuerzas Armadas argentinas necesitan una profunda transformación. Necesitan planificación de largo plazo, profesionalización, transparencia, control civil, incorporación tecnológica, articulación con universidades y centros de investigación, recuperación de capacidades industriales y una definición clara de sus misiones.

Necesitan también abandonar definitivamente la lógica de la improvisación: comprar equipamiento de manera episódica, cerrar unidades cuando falta presupuesto y volver a crearlas cuando aparece una emergencia.

El país necesita una política de Defensa que sobreviva a los gobiernos.

Y esa política debería integrar Defensa, ciencia y tecnología, industria nacional, política exterior, recursos naturales, ambiente, infraestructura y desarrollo territorial.

En ese esquema, una base aeronaval no debería ser concebida simplemente como un gasto.

Debería preguntarse qué capacidades genera, qué territorio permite controlar, qué conocimiento produce, qué industrias sostiene y qué funciones estratégicas puede cumplir.

Punta Indio podría ser parte de ese futuro.

La reducción de sus actividades, en cambio, parece responder a una lógica inversa: concentrar, reducir y ahorrar sin que exista todavía una discusión pública suficientemente profunda sobre qué capacidades estratégicas se pierden en el camino.

 

Lo que está en juego

Por eso la defensa de Punta Indio no debería ser entendida solamente como una reivindicación localista.

Claro que Verónica tiene derecho a defender sus puestos de trabajo, sus comercios y su economía. Tiene derecho a defender una institución que forma parte de su identidad.

Pero el problema es mayor.

Cuando una comunidad pierde una escuela de aviación naval, un taller aeronáutico y unidades de vigilancia marítima, el país también pierde algo.

Pierde infraestructura.

Pierde conocimiento.

Pierde entrenamiento.

Pierde presencia territorial.

Pierde capacidad de respuesta.

Y pierde, sobre todo, una parte de ese Estado que durante décadas construyó soberanía desde los lugares más alejados de los grandes centros de decisión.

La historia de los aviadores navales de Punta Indio, y su participación en Malvinas, no debería servir únicamente para mirar hacia atrás con nostalgia. Debería obligarnos a pensar qué Fuerzas Armadas necesita la Argentina del siglo XXI.

Porque el desafío no es elegir entre ajuste o Defensa, ni entre desarrollo económico y soberanía.

El verdadero desafío es comprender que sin un Estado capaz de defender sus recursos, conocer su territorio y sostener presencia efectiva sobre él, no existe proyecto nacional soberano posible.

Y una Argentina que aspire a ser dueña de su destino no puede darse el lujo de desarmar, por falta de visión estratégica, las capacidades que necesitará para construir ese futuro.

Punta Indio no es solamente una base que se cierra o se transforma.

Es una pregunta dirigida al conjunto de la sociedad argentina: ¿queremos un Estado que simplemente administre lo que queda, o un Estado capaz de construir y defender un proyecto nacional?

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* El autor es productor rural de Punta Indio. Se diplomó y obtuvo una Maestría en Ciencias en Biología de la Conservación en la Universidad de Kent, Inglaterra. Completó el Diploma de postgrado en Antropología Social y Política en FLACSO – Buenos Aires, y se Doctoró en Antropología Social en la Universidad Nacional de Misiones. Ha ocupado distintos cargos en la administración pública, entre otros fue director de la Administración de Parques Nacionales y Subsecretario de Coordinación de Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la Presidencia de la Nación durante el gobierno de Nestor Kirchner.