La extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, ampliará este lunes en La Plata su declaración en la causa que investiga la producción y distribución de fentanilo adulterado, vinculado a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. y a la muerte de un centenar de personas.

La nueva audiencia se realizará ante el juez federal Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N° 3.

Bisio había presentado un escrito durante su primera indagatoria y decidió entonces abstenerse de responder preguntas. No obstante, ahora solicitó ampliar su declaración.

La presentación se produce mientras la Justicia avanza sobre las responsabilidades de las exfuncionarias en los controles realizados sobre los laboratorios involucrados.

La causa busca determinar qué ocurrió con las advertencias y controles previos y por qué las plantas continuaron funcionando pese a la detección de irregularidades.

En el expediente quedó establecido que los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo estaban contaminados con las bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Los lotes fueron fabricados el 18 de diciembre de 2024 y comenzaron a distribuirse en hospitales de distintos puntos del país durante enero de 2025.

La investigación también detectó fallas críticas durante inspecciones de la ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) que, según consta en la causa, no tuvieron el seguimiento correspondiente. De esta manera, los laboratorios HLB Pharma y Ramallo continuaron con su actividad pese a las observaciones realizadas por los organismos de control.

Bisio había sido detenida el 4 de agosto junto a Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora del INAME, en el marco de las medidas ordenadas por Kreplak. Ambas recuperaron posteriormente la libertad luego de pagar una caución de $75 millones cada una, aunque continúan vinculadas a la investigación.

La ampliación de la declaración de Bisio se produce cuando el juez debe definir su situación procesal y la de Mantecón Fumado. La Fiscalía encuadró las conductas investigadas en delitos contra la salud pública, con penas que pueden llegar hasta los 25 años de prisión, sin descartar una eventual recalificación a una figura más grave.