Quince personas fueron detenidas durante la madrugada de este martes dentro de distintas dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en el marco de la investigación que busca esclarecer las graves denuncias de torturas y abusos sexuales ocurridas en junio pasado en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena. Los procedimientos fueron ordenados por el titular del Juzgado de Garantías N°4, Juan Pablo Masi.

La causa está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de la capital bonaerense, quien  comenzará a recibir las declaraciones indagatorias de los acusados. 

Los detenidos son Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailin Iguarán, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juanena.

Entre los involucrados aparecen autoridades de la unidad, integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y personal vinculado al área de sanidad.

El expediente tiene como eje la presunta comisión del delito de tortura, en concurso real con abuso sexual, acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad en ocasión de sus funciones. La calificación legal, de todas formas, deberá ser analizada y eventualmente precisada durante el avance de la investigación.

Los hechos investigados ocurrieron el 3 de junio de 2026, después de una pelea entre dos internas alojadas en la Unidad N°51. Según las denuncias, a raíz de esa situación, un grupo de agentes ingresó a uno de los pabellones, utilizó gas pimienta y encerró a las mujeres en sus celdas. Luego, varias detenidas habrían sido retiradas por la fuerza y trasladadas hacia distintos sectores del penal.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevó los testimonios de las víctimas y documentó lesiones y otros elementos que fueron incorporados a la investigación. 

Dos de las mujeres entrevistadas describieron agresiones sexuales durante los procedimientos. Una de las denunciantes relató que fue llevada a una celda donde, según su declaración, sufrió una práctica conocida como submarino húmedo. También sostuvo que fue obligada a besar las botas de una autoridad penitenciaria mientras recibía golpes, escupitajos y amenazas. En su testimonio afirmó además haber sido víctima de abusos sexuales por parte de distintos agentes y haber sido obligada posteriormente a firmar documentación bajo intimidación.

Otra detenida relató que fue trasladada a un aula, donde habría sido arrodillada, golpeada y abusada sexualmente. Luego, según su declaración, quedó atada de pies y manos sobre un colchón impregnado con gas pimienta. En ese marco, además, una integrante del área de enfermería se habría negado a revisarla pese a las lesiones que presentaba.

Cabe recordar que en junio pasado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires separó de manera preventiva a diez agentes del SPB luego de la denuncia.

Por su parte, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal reconoció a la CPM como particular damnificado institucional, después de revocar una resolución de primera instancia. Los jueces Fernando Mateos y Juan Benavides consideraron que la gravedad de los hechos justificaba la participación del organismo desde las primeras etapas de la investigación.