Las legisladoras Ayelen Rasqueti y Sofía Vannelli que integran en la Mesa de Trabajo “No son “falsa denuncias”, faltan denuncias”, manifestaron su "profunda preocupación ante casos como el de Patricia Godoy de la ciudad de La Plata", y expresaron su "firme repudio al proyecto de la Senadora Nacional Carolina Losada  que apunta a una reforma del Código Penal (artículo 245 y 275) con el objetivo de endurecer penas ante supuestas 'falsas denuncias' presentadas por victimas de violencia de género".

"Subrayamos a su vez, la necesidad imperiosa de políticas contra las violencias de género a nivel nacional y el presupuesto destinado a tales fines, a fin de proteger a las víctimas", añadieron.

Además, recordaron que como lo expresó el Comité de expertas de la OEA en el MESECVI, con relación a Argentina y Bolivia, “estas iniciativas, de ser aprobadas, generarían una barrera legislativa adicional para el acceso efectivo a la justicia de las mujeres víctimas y/o denunciantes de violencia” y de aprobarse constituirían “una violación de las obligaciones asumidas por los Estados en virtud de la Convención de Belém do Pará y podría comprometer su responsabilidad internacional”.

El proyecto de “falsas denuncias”, agregaron Rasquety y Vanelli, "con el argumento de buscar la igualdad", apunta "al desconocimiento y negación de la violencia de género en tanto gravísimo problema social, al encubrimiento de abusos sexuales contra niños y niñas, y al disciplinamiento y castigo de quienes transitan situaciones de violencia o aquellas personas que acompañan a mujeres y diversidades en los procesos de denuncia y salida de la violencia".

"Esto se produce en consonancia con las banderas del gobierno nacional que se ha centrado en el ataque permanente a las políticas de género, la banalización de la violencia por razones de género y la persecución de quienes denuncian y de profesionales que emiten informes", destacaron las legisladoras bonaerenses.

Un relevamiento federal realizado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales en el que se analizaron más de 8 millones de causas penales registradas entre los años 2023 y 2025, en 17 jurisdicciones del país, señala que las investigaciones por falsa denuncia representan el 0,09% del total relevado y que de ese porcentaje el 92 por ciento son de delitos que nada tienen que ver con la violencia de género. "Es decir que se quiere legislar sobre un fenómeno estadísticamente marginal. Las leyes deben ser emanadas de problemas sociales reales y no de posicionamientos ideológicos fantasiosos que lo único que hacen es poner barreras de acceso a la justicia y por ende dañar el Estado de derecho", advirtieron.

El Observatorio también señaló: “Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley: no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal. La falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada mil en el sistema penal. El falso testimonio, aproximadamente una causa cada cuatro mil”.

"Asimismo subraya las limitaciones de los sistemas de registro y hace hincapié en la importancia de construir políticas públicas y debates legislativos sobre evidencia empírica, información rigurosa y acceso efectivo a la justicia", añadió.

Además, el Informe argumenta que esos hallazgos del relevamiento deben a su vez contextualizarse con otros datos como el “disponible sobre el subregistro de los delitos de violencia de género y sexual: Encuesta de Prevalencia de Violencia — Iniciativa Spotlight UE (2022): el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia de pareja alguna vez en su vida, pero el 77% no realizó denuncia alguna”. Destaca también el “Segundo Estudio Nacional sobre Violencia contra las Mujeres — MJyDDHH (2019): cerca del 20% de las mujeres sufrió violencia sexual en su vida adulta, y el 88% de ellas no realizó ninguna denuncia”.

Por último, da cuenta del octavo Informe periódico de CEDAW sobre nuestro país, en febrero del presente año, en el que se señala al poder legislativo la “ausencia de la definición de discriminación contra la mujer”, y hace referencia, con especial preocupación, a la discriminación indirecta “leyes, políticas, normas o prácticas aparentemente neutras que generan un impacto desproporcionado o efectos negativos sobre los derechos de las mujeres”, como es el caso del proyecto antes citado.

Dicho Informe menciona la preocupación por la falta de coordinación a nivel federal, de políticas contra la violencia de género y de acceso a la justicia. Y, en el mismo sentido, explicita que las propuestas de enmiendas al Código Penal “podrían tener un efecto disuasorio en las mujeres que buscan protección y desalentar las denuncias de violencia de género”, ante lo que recomienda “retirar la propuesta de enmienda del Código Penal y garantizar que no se creen obstáculos para la denuncia, disuadan a las víctimas de buscar protección o nieguen la credibilidad de las mujeres en los casos de violencia de género”.

En este contexto se presenta el caso paradigmático de Patricia Godoy, madre de Marisol Günter, cuyo femicidio ocurrido en 2011 en la ciudad de La Plata, quedó impune.

Ese mismo año, un mes y medio después del femicidio de su hija, Patricia fue llevada a declarar en calidad de testigo, en el marco del juicio del cuádruple femicidio que tuvo como víctimas a Bárbara Santos, su hija Micaela Galle, Susana De Barttole y Marisol Pereyra. Posteriormente Osvaldo Martínez, uno de los imputados que luego fue absuelto, denunció a Patricia por falso testimonio y el 29 de diciembre de 2025, luego de casi 15 años de espera del juicio, fue condenada a 4 años y medio de prisión.

"La detención de Patricia E. Godoy, a todas luces constituye una arbitrariedad del poder punitivo del Estado que basa sus propias falencias y negligencias en el cuerpo de una mujer pobre y vulnerable. La sentencia emitida por el Juzgado Criminal N°4 de La Plata, encabezado por el retirado Juez Caputo Tártara, está colmada de estereotipos, prejuicios y sesgos de género, entre ellos el de señalar la participación de Patricia E. Godoy en las “marchas de pañuelos verdes” y denunciar sin pruebas que el feminismo le habría prometido buscar justicia en la causa de su hija si ella denunciaba falsamente, por otro lado se construye el estereotipo de culpabilidad basado en la figura de madre sufriente vengativa influenciada por el movimiento feminista.  Es de destacar que estos tópicos, han sido ampliamente receptados por varios instrumentos internacionales ratificados por nuestro Estado, con la finalidad de comenzar a subsanar el exceso de punitivismo y la violencia institucional por razones de género, conminando a los Estados para que asuman un rol activo en dicha tarea", aseguraron las legisladoras.