La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se prepara para una nueva jornada de paro de docentes y trabajadores no docentes este jueves 27 y viernes 28 de agosto, en el marco de una medida de fuerza nacional convocada por los gremios universitarios en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta fue ratificada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal no docente. La medida se desarrolla en las 57 universidades nacionales y busca presionar al Gobierno de Javier Milei para que avance con la aplicación de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso en 2025.

El conflicto también llegó a la Justicia. La Corte Suprema dejó firme en junio una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar la norma, vinculados con la actualización de los salarios de docentes y nodocentes y la recomposición de las becas estudiantiles, entre otros puntos.

El reclamo gremial se produce pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones sindicales en junio de este año. El acta paritaria firmada el 10 de junio estableció una recomposición de la masa salarial universitaria del 24,33%.

Según el acuerdo, el incremento quedó distribuido en un 21,33% desde junio, calculado sobre los salarios básicos vigentes en mayo de 2026, y otro 3% en octubre, sobre los básicos correspondientes a septiembre. La paritaria fue convocada nuevamente para el mes de septiembre y se estableció que, en adelante, las negociaciones no podrían espaciarse más de tres meses.

El acta también contempló medidas vinculadas al financiamiento universitario. El Gobierno acordó incrementar en un 20% los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio y sumar $50.000 millones a la partida destinada a hospitales universitarios durante 2026. Además, se dispuso un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio y la continuidad de los fondos de capacitación para las organizaciones gremiales.

Sin embargo, para los gremios el acuerdo salarial no implica el cumplimiento integral de la Ley 27.795. CONADU sostiene que el Gobierno mantiene pendiente su aplicación.

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025 y posteriormente promulgada. Su objetivo es garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública y establece una serie de obligaciones para el Poder Ejecutivo en materia presupuestaria, salarial, de becas y de funcionamiento de las universidades.

Entre sus principales disposiciones, la norma establece que los gastos de funcionamiento de las universidades deben actualizarse de acuerdo con la inflación. Para 2025, fijó una actualización bimestral de las partidas destinadas al funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y técnica y extensión. También ordenó recomponer los salarios docentes y nodocentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, tomando como referencia la evolución del IPC, y estableció que las negociaciones paritarias debían realizarse con una periodicidad no mayor a tres meses y contemplar actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación.

La ley también contempló la recomposición de los programas de becas estudiantiles de acuerdo con la inflación acumulada, el incremento progresivo de la cantidad de beneficiarios, fondos especiales para la carrera de investigador científico y becas para investigadores ingresantes y posdoctorales. Asimismo, incorporó previsiones para infraestructura, equipamiento, investigación, extensión, tecnología y bienestar estudiantil.

El paro de este jueves y viernes se inscribe así en una disputa que combina el reclamo por la recomposición de los salarios universitarios con una discusión más amplia por el financiamiento del sistema. Mientras el Gobierno sostiene que viene cumpliendo los compromisos asumidos en el acta paritaria de junio, los gremios reclaman la implementación plena de la Ley 27.795 y de las decisiones judiciales que ordenaron su aplicación.