La Justicia en lo Penal de La Plata procesó a los 15 penitenciarios detenidos por las denuncias de torturas y abusos sexuales ocurridos en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. Durante las indagatorias realizadas por el fiscal Álvaro Garganta, 14 de los acusados se negaron a declarar.

La causa, que tramita ante el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, a cargo del juez Juan Pablo Masi, tiene como procesados a Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailin Iguarán, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juanena.

La imputación contempla los delitos de "tortura en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad en ocasión de sus funciones, en calidad de autores y/o partícipes necesarios".

Daiana Villafañe fue la única que dio su versión de los hechos aconsejada por su defensa particular. Está acusada de abuso sexual a una de las internas, rechazó los cargos y fundamentó por qué es ajena a los hechos endilgados.

De todas formas, vale destacar que la decisión de los 15 acusados de no responder preguntas durante la indagatoria no implica una admisión de los hechos ni puede ser utilizada en su contra como prueba de culpabilidad.

Los 15 penitenciarios fueron detenidos este martes por orden del juez Masi, luego de una investigación encabezada por Garganta, titular de la UFI N° 11 de La Plata.

La investigación se remonta al 3 de junio de 2026, cuando, después de una pelea entre internas, agentes penitenciarios ingresaron a un sector de la Unidad 51. Según las denuncias incorporadas al expediente, hubo utilización de gas pimienta, golpes, desnudez forzada, privación de agua y alimentos y distintos mecanismos de humillación. Además, cinco detenidas denunciaron haber sufrido abusos sexuales durante el operativo.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevó testimonios, lesiones y otros elementos de prueba y reclamó que las víctimas fueran escuchadas bajo protocolos especiales para casos de tortura y violencia sexual. La investigación también alcanzó a autoridades del penal, integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y personal del área de sanidad.