La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, ordenó este lunes suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La magistrada tomó la medida luego de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.

El fallo se conoció dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, aprobada por el Congreso de la Nación en febrero pasado, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años.

Pascual puso el foco en la capacidas de la Provincia para afrontar el nuevo esquema, ante la posibilidad de que aumente la cantidad de jóvenes detenidos y el tiempo que permanezcan privados de su libertad.

En la reglamentación del Régimen Penal Juvenil, la Nación definió la estructura institucional que estará a cargo de su implementación en el ámbito de la Justicia nacional y federal. 

La reforma permite que adolescentes de 14 años hasta el momento que cumplan 18 años puedan ser judicializados por delitos contemplados en el Código Penal, aunque bajo un esquema específico y diferenciado del régimen penal de adultos. El objetivo, se destacó, es promover la responsabilidad por los actos cometidos, la educación, la resocialización y la integración social.

A través del decreto, el Ministerio de Justicia de la Nación tendrá a su cargo la implementación y coordinación del régimen en la órbita nacional y federal. Entre sus responsabilidades estará dictar las normas y articular con otros organismos para poner en funcionamiento las distintas herramientas previstas por la ley. 

La edad del adolescente se toma en cuenta al momento de la comisión del delito. Uno de los principales componentes de la reglamentación es la puesta en marcha de la figura del supervisor especializado, que tendrá a su cargo el seguimiento, la asistencia y el control del adolescente imputado. Los profesionales deberán contar con formación académica en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social.

Para organizar ese cuerpo profesional, el decreto crea dentro del Ministerio de Justicia el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. La reglamentación establece además un período transitorio: hasta que se concrete la primera convocatoria pública, el Ministerio deberá elaborar un listado provisorio de profesionales.

El proceso deberá completarse en un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia del régimen. Durante ese período, los jueces podrán designar supervisores entre los profesionales incluidos en el listado provisorio.  Una vez conformado el registro definitivo, quienes cumplan los requisitos y sean incorporados continuarán ejerciendo sus funciones en las causas en las que ya hayan sido designados.