La ONG Usina de Justicia, fundada por la abogada Diana Cohen Agrest, denunció penalmente a la jueza Marta Elba Pascual, quien ordenó suspender durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en todo el territorio bonaerense. La norma, aprobada por el Congreso de la Nación, baja la edad imputabilidad a 14 años.

La presentación judicial apunta contra la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y sostiene que habría incurrido en los delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad al disponer la suspensión de una ley nacional.

Pascual había hecho lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y ordenó frenar temporalmente la aplicación de la normativa.

Entre los argumentos utilizados por la jueza se encuentra la situación de los centros de alojamiento para adolescentes de la provincia. Según su resolución, el sistema bonaerense no cuenta actualmente con las condiciones materiales, edilicias, institucionales y profesionales necesarias para afrontar un eventual aumento de jóvenes privados de su libertad.

La magistrada advirtió especialmente sobre el impacto que podría producir la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal. De acuerdo con su interpretación, la aplicación de la nueva ley podría generar un incremento considerable de los ingresos y de la permanencia de menores dentro de los dispositivos de privación de libertad.

De todas formas, el fallo de Pascual no declaró la inconstitucionalidad definitiva de la ley, sino que dispuso una suspensión preventiva por 60 días mientras se analiza la situación del sistema bonaerense. Durante ese período, la Justicia convocó a funcionarios provinciales para que informen las medidas adoptadas y las acciones previstas para adecuar los dispositivos a las exigencias del nuevo régimen.

Por su parte, Usina de Justicia sostuvo que la resolución implica una afectación de las competencias propias de otros poderes del Estado y planteó que una jueza no puede suspender de manera general la aplicación de una ley nacional mediante una decisión adoptada dentro de un proceso judicial.

La controversia se produce en momentos en que la reforma penal juvenil comenzó a aplicarse en todo el país y establece un régimen específico para adolescentes y reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual pueden quedar alcanzados por el sistema penal frente a determinados delitos.