La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires pedirá el juicio político a María Elba Pascual, la jueza que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, al considerar que su decisión atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación en febrero pasado.

El diputado nacional Sebastián Pareja, presidente de LLA Provincia, encabeza junto a sus equipos técnicos y políticos una mesa para decidir el mecanismo que permita la destitución de Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, explicó Pareja.

“Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes. También lo hicieron durante la pandemia. Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes. Y la crisis que atraviesa la Provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo”, agregó el diputado nacional.

Para cerrar, el responsable político de LLA PBA afirmó: “Una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez. No puede anteponer una mirada política a una ley demandada por la gente y votada en el Congreso de la Nación”.

“Esta decisión deja más que en claro de qué lado están: defendiendo al delincuente. La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”, sostuvo, por su parte, el presidente del bloque de senadores de la Provincia, Carlos Curestis.

Finalmente, el titular del bloque de Diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, apuntó: “Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad. Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión".