El dictamen de la nueva ley de biocombustibles que Patricia Bullrich consiguió firmar el 3 de septiembre en el Senado abrió un frente inesperado para el oficialismo: la provincia de Buenos Aires. En apenas dos semanas se pronunciaron en contra el gobernador Axel Kicillof, cinco intendentes, legisladores provinciales de cuatro partidos distintos, concejales de pueblos que viven de las plantas y tres senadores nacionales bonaerenses. La grieta partidaria, en este tema, no funciona.

Qué dice el dictamen

La Ley 27.640 reserva hoy a las empresas "no integradas" —las pymes que deben comprarle la materia prima a las grandes aceiteras— la totalidad del mercado interno de biodiésel, equivalente al 7,5% de corte obligatorio en el gasoil.

El texto que firmó Bullrich eleva ese corte al 10% en 2028, pero al mismo tiempo achica la porción que les corresponde a las pymes: baja a 6,5% en 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y queda en 3,5% hasta 2036. El plazo se estiró cinco años respecto de la versión anterior, una concesión de último momento para juntar firmas. La diferencia entre el corte total y el cupo pyme queda disponible para las aceiteras integradas.

La senadora Flavia Royón, que preside la comisión de Minería, Energía y Combustibles, relativizó el recorte al señalar que las pymes "podrán competir por el 7% del mercado restante". Buena parte de la oposición respondió que la libre competencia, para ser tal, debería darse entre pymes.

Bullrich reunió las firmas justas —16— y debió esperar hasta la noche la del libertario Agustín Coto. No suscribieron el santafesino Eduardo Galaretto, la chaqueña Silvana Schneider ni los patagónicos Andrea Cristina, Julieta Corroza y José Carambia. Alejandra Vigo y Carlos Espínola avalaron en disidencia. Fuentes del bloque de La Libertad Avanza admitieron que, si no consiguen los votos en el recinto, avanzarán solo con el capítulo de bioetanol.

Por qué el negocio se muda al Paraná

El argumento del título no es una metáfora. Las grandes aceiteras exportadoras se quedaron sin mercado externo cuando Estados Unidos, la Unión Europea y Perú levantaron barreras arancelarias y antidumping contra el biodiésel argentino: las ventas al exterior se derrumbaron de 1,7 millones de toneladas en 2017 a poco más de 30.000 en los primeros cuatro meses de este año. Las plantas que esas empresas construyeron sobre el litoral del Paraná, en Santa Fe, quedaron ociosas.

El dictamen les entrega el mercado que esas plantas necesitan para volver a encender. Y lo hace en condiciones que, según CEPREB, ninguna pyme puede sostener: el aceite de soja representa cerca del 80% del costo de producir biodiésel y está en manos de los mismos grupos que ahora podrán competir en el mercado interno. A eso se suma la geografía. El Gran Rosario concentra la molienda: una planta santafesina sobre el Paraná tiene el insumo en la puerta, mientras que una de Daireaux o Junín paga cientos de kilómetros de flete para traer exactamente el mismo aceite.

Federico Martelli, director ejecutivo de la cámara, definió al proyecto como "un traje cosido a medida" y remarcó la asimetría con el bioetanol: al azúcar del norte se le garantizan quince años de segmento protegido; a las pymes del biodiésel se les fija un cronograma decreciente. La cámara propone una salida alternativa: corte total del 12,5%, con 5% para las pymes regionales compitiendo entre sí, 2,5% para las no integradas de Rosario y 5% de libre mercado para las aceiteras.

Lo que está en juego en la provincia

Buenos Aires tiene diez plantas pyme radicadas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo. Según CEPREB producen más de 345.000 toneladas anuales por un valor superior a los 400 millones de dólares, sostienen unos 3.500 puestos de trabajo y traccionan la actividad de 96 extrusoras de soja que procesan el grano de productores vecinos y le venden el aceite a las plantas de su región.

Kicillof recibió a la cámara junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y se comprometió a defender el entramado productivo bonaerense y los puestos de trabajo en las economías regionales, además de llevar el reclamo a otros gobernadores.

Un rechazo que cruza los bloques

En la Legislatura, la diputada Susana Nardini (Fuerza Patria) presentó un proyecto de declaración de "más enérgico rechazo" al S-809/26, al advertir que condenaría a la quiebra a diez plantas pymes radicadas en territorio bonaerense. El senador Pablo Petrecca (Junín) planteó que el problema no es abrir el mercado sino hacerlo sin contemplar las diferencias entre los actores, y recordó que las pymes deben comprarle el aceite —el 80% de su costo— a quienes pasarían a ser sus competidores.

Andrés De Leo (Coalición Cívica), presidente de la Comisión de Industria y Minería, apuntó a que estas decisiones "muchas veces se toman al calor de las grandes corporaciones, que tienen casi nula presencia en las localidades". Valentín Miranda (UCR) impulsó un proyecto —acompañado por Alejandra Lordén y Priscila Minnaard— para que la Provincia interceda ante la Nación; también expresó su rechazo el diputado Ricardo Lissalde.

El malestar bajó a los concejos. En Bahía Blanca, el concejal Emiliano Álvarez Porte (PRO-Libertad) sostuvo que no le parece razonable "llamar ‘libre competencia’ a poner a competir en igualdad de condiciones a una pyme que compra el aceite de soja con una gran empresa integrada que produce esa misma materia prima". En Junín, Belén Veronelli (Libertad y Justicia) fue más lejos: "Condenar a las empresas a la quiebra no es desregulación ni libre mercado; es cambiar una regulación por otra que direcciona arbitrariamente a sus beneficiarios". En Daireaux, Juan Cruz Peñalba (Fuerza Patria) advirtió que detrás de la discusión regulatoria hay empresas del interior y puestos de trabajo concretos.

También se pronunciaron en contra los intendentes de Ramallo (Mauro Poletti), Junín (Juan Fiorini), Saladillo (José Luis Salomón), Bahía Blanca (Federico Susbielles) y Daireaux (María Serra). Y en el Senado nacional, los bonaerenses Maximiliano Abad (UCR), Eduardo "Wado" de Pedro y Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) ya adelantaron su voto negativo.

El dictamen está firmado, pero los votos del recinto no están. Y la provincia que más plantas pone sobre la mesa es, hoy, la que menos disposición muestra a acompañar.