La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) expresó su respaldo a la jueza Marta Pascual de Lomas de Zamora "frente a la brutal campaña de ataques y desprestigio desatada a partir de su decisión de suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires".
"La resolución fue adoptada en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo y fundamentada en la necesidad de garantizar los derechos de las y los adolescentes frente a la falta de condiciones materiales, institucionales y de infraestructura adecuadas para la implementación del nuevo régimen", detallaron desde el gremio.
Además, manifestaron su defensa de "la independencia del Poder Judicial y el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales".
"Las decisiones judiciales cuentan con mecanismos institucionales de revisión y no pueden dar lugar a campañas de presión, persecución o amedrentamiento contra magistradas, magistrados ni trabajadores y trabajadoras judiciales", añadieron desde la AJB.
También denunciaron que "en las últimas horas, el hostigamiento se ha extendido también al personal del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora".
En ese marco, reclaman "el cese inmediato de los ataques" y "la urgente intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Procuración Provincial y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la jueza, de las y los trabajadores del organismo y el normal desarrollo de sus funciones".
"Resulta especialmente preocupante que desde los principales medios de comunicación y desde distintas instancias del Gobierno nacional, incluso a través de funcionarios y personalidades con altísimas responsabilidades institucionales, se alimente una campaña de desprestigio, presión y ataque contra una magistrada por una decisión adoptada en el ejercicio de sus facultades constitucionales", destacaron.
Finalmente, el gremio de los y las judiciales bonaerenses señalaron: "Estas prácticas afectan gravemente la independencia judicial, el respeto por la división de poderes y el normal funcionamiento de las instituciones de la República".