El Senado de la Nación trata hoy la nueva ley de biocombustibles y en el oficialismo aseguran que ahora sí tienen los votos. Si el número aparece, lo que se vota no es un tecnicismo energético: es la decisión de que las diez plantas pyme que funcionan en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo pierdan de acá a 2031 más de la mitad del mercado que hoy tienen garantizado por ley.

El mecanismo es simple de entender. Hoy el gasoil lleva un 7,5% de biodiésel y ese porcentaje lo abastecen íntegramente las empresas "no integradas", es decir las PyMEs que no tienen fábrica de aceite propia. La ley sube el corte al 10%, pero les recorta a las pymes su participación año tras año hasta dejarlas en el 4% en 2031.

Todo lo que crece, y buena parte de lo que ellas ya tenían, pasa a las grandes aceiteras exportadoras, que tienen plantas paradas sobre el Paraná santafesino desde que Estados Unidos y Europa les cerraron los mercados. El santafesino Marcelo Lewandowski lo resumió en el plenario sin vueltas: pierden más de la mitad del mercado frente a las empresas más grandes.

El monje negro de Economía

El nombre que hay que mirar no es el de Patricia Bullrich. Es el de Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, el hombre de Luis Caputo que fue el verdadero arquitecto de la posición oficial y el monje negro de toda la negociación: nunca apareció en el recinto, pero su firma está en cada coma del texto.

Lo dijo sin eufemismos cuando expuso en comisión: el proyecto "interpreta la voluntad del Ejecutivo", en una línea que el Gobierno venía trabajando desde hacía casi dos años. Y admitió el resultado con una franqueza que hoy se lee distinto: reconoció que el esquema "tiene ganadores, perdedores, afectados". Un año y medio de trabajo, dijo, para definir quién iba a quedar de cada lado.

Cuando la negociación parlamentaria le metió al texto algunas concesiones menores para las PyMEs, González avisó que no estaba de acuerdo. La sesión del 10 de septiembre terminó cayéndose por las dos puntas a la vez: los senadores aliados de las provincias con plantas todavía no habían cedido y no ponían el voto, y al mismo tiempo desde el propio Ejecutivo se pedía bajar el tratamiento porque
el texto había concedido demasiado. Una semana después, los que faltaban cedieron. Las concesiones, no. El proyecto llega hoy al recinto como González lo quería.

Su argumento público es siempre el mismo: que el biodiésel es más caro que el gasoil fósil y que subir el corte se traslada al transporte, al agro y al consumidor. Con ese criterio rechazó el 15% que pedían las provincias. Sobre las pymes prometió una transición gradual de cinco años. En los hechos, esa transición es un tobogán.

Los que pedían 15% y van a votar 10%

Acá está la contradicción central de la sesión de hoy. Las nueve provincias agrupadas en la Liga Bioenergética venían reclamando desde hace dos años un corte de biodiésel del 15%, y varios de sus senadores presentaron proyectos propios en esa dirección. Hoy van a levantar la mano por un 10%.

La diferencia es que ellos sí se llevan algo. El bioetanol sube del 12% al 15% y, sobre todo, se reparte con nombre y apellido: 6% garantizado para la caña de azúcar, 6% para el maíz y apenas un 3% librado a la competencia. Córdoba por el maíz y Tucumán, Salta y Jujuy por la caña se aseguraron un segmento reservado por quince años.

O sea: la misma lógica que para el bioetanol se defiende como necesaria —reservar un cupo por origen para que las economías regionales no queden a merced de los grandes— para el biodiésel se descarta por "distorsiva". Las provincias del azúcar y el maíz consiguieron su piso protegido. Las del biodiésel se quedaron con un cronograma decreciente.

El bloque del bioetanol, además, no votó gratis. Entendió temprano que tenía la llave de una ley que el Gobierno necesitaba y condicionó su apoyo a otras leyes que el Ejecutivo también necesita: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II y la Ley Hojarasca, todas en el temario de las próximas sesiones. El biodiésel pyme fue la moneda de cambio.

Santa Fe cedió

La provincia que más ruido había hecho fue Santa Fe, y fue la que terminó aflojando. Su gobierno reclamaba el 15% y, sobre todo, un segmento propio donde sus PyMEs compitieran entre sí y no contra las aceiteras que les venden la materia prima. Ese reclamo fue el que carneó la sesión anterior: los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto arrastraron a todo el bloque de la UCR, y se sumaron los pampeanos Daniel Kroneberger y María Victoria Huala y hasta los libertarios puntanos Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta.

Nada de eso sobrevivió. Santa Fe aceptó un esquema en el que sus propias pymes pierden la mitad de la producción. Según fuentes al tanto de la negociación, el argumento que terminó de inclinar la balanza fue una amenaza: si la ley no salía, el Ejecutivo bajaría el corte por decreto a partir de octubre. Firmar el tobogán o comerse el recorte de una sola vez y sin discusión.

El peronismo se mantiene firme

El único bloque que no se movió es el peronismo. Va al recinto con un proyecto propio, firmado por Fernando Salino, Jorge Capitanich y otros senadores, que plantea exactamente lo contrario: llevar el corte de biodiésel al 15% y repartirlo en tres segmentos, uno reservado a las pymes regionales, otro a las empresas no integradas y un tercero de libre comercialización.

La lógica es la inversa de la del oficialismo. En vez de achicar la porción protegida dentro de un mercado que crece, agranda el mercado y ordena la competencia por tipo de actor, para que las plantas del interior compitan entre iguales. Capitanich ya lo había dejado asentado en el plenario, cuando planteó que la meta obligatoria debía llegar al 15% en biodiésel y al 18% en bioetanol y advirtió sobre la regresión del cupo de las no integradas.

Lo que se juega en Buenos Aires

En la provincia son diez plantas, más de 345.000 toneladas anuales, unos 400 millones de dólares, 3.500 puestos de trabajo directos y 96 extrusoras de soja que dependen de ellas, según la cámara que las agrupa.

El rechazo bonaerense viene siendo transversal y no le sirvió de nada. Se pronunciaron en contra el gobernador Axel Kicillof, los intendentes de Ramallo, Junín, Saladillo, Bahía Blanca y Daireaux, legisladores provinciales del peronismo, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, concejales de los pueblos donde están las plantas y los senadores nacionales Maximiliano Abad, Eduardo "Wado" de
Pedro y Juliana Di Tullio.

El problema de fondo es uno solo: a las PyMEs se las manda a competir contra las mismas empresas que les venden el aceite de soja, que es el 80% de su costo, y que además tienen la molienda concentrada en el Gran Rosario. Una planta de Daireaux paga cientos de kilómetros de flete por el mismo insumo que su competidora tiene en la puerta. A eso el Gobierno lo llama libre competencia. Hoy, si los votos aparecen como asegura el oficialismo, todo eso se define en una tarde.