Por: Nicolás Harispe

En La Plata y en otros distritos del territorio bonaerense denuncian "un patrón sistemático de abuso de derecho y desamparo judicial" por parte de la Caja de Seguridad Social para Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires.

El organismo, advirtieron afiliados en diálogo con Info Blanco Sobre Negro, "inicia juicios de apremio, paraliza las notificaciones durante décadas y acumula deudas millonarias en ´'bloque' mientras los afectados sufren inhibiciones generales de bienes sin saberlo".

También remarcan que "detrás de los fríos expedientes se esconde una realidad de angustia y patologías emocionales" que generan esas malas prácticas.

El caso que desató un escándalo en los últimos meses es el de Virginia Rodríguez (de 63 años), una veterinaria que trabajó toda su vida en la administración pública en la planta permanente del Ministerio de Desarrollo Agrario. Lo escandoloso de su situación con respecto a la mencionada entidad colegiada, es que jamás ejerció su profesión en forma privada. Pero la Caja le reclama una supuesta deuda de la que nunca había sido notificada, y para colmo, con una demora de 22 años.

La afectada se enteró de ese dislate tras la muerte de su madre, cuando quiso vender un local familiar y recibió un golpe inesperado, al escuchar que le decían: "Señora, usted no puede disponer de ningún bien, está inhibida por la Caja de Veterinarios".

En resumen, el organismo le reclama $83,7 millones de pesos (a diciembre de 2025 bajo unidades JUVET) por una demanda iniciada en febrero de 2002. No correspondía, ya que jamás ejerció su profesión en el ámbito privado, pero no solo eso: la intimaron con una inexplicable demora de más de dos décadas, y para colmo jamás la notificaron. 

 

Pasaron 22 años a 13 cuadras de distancia

Vale aclarar que la Caja y el Juzgado Civil y Comercial N° 18 de La Plata, a cargo de María Verónica Leglise,  tardaron esa "eternidad" en notificarla, cuando recién en noviembre de 2024 lo hicieron en su domicilio de toda la vida, ubicado no en el campo, ni en ekl extranjero, sino a solo 13 cuadras de los tribunales.

En esas dos décadas, renovaron inhibiciones en secreto (2008, 2012 y 2023), lo que anuló su derecho a defensa. "Virginia, sos una muerta civil", le explicó su abogado, Lorenzo Matus.

"Vivimos en una incertidumbre constante que se traduce en picos de presión y marcas permanentes en el cuerpo", relató a este medio la damnificada

Además, Info Blanco Sobre Negro entrevistó a otros afiliados a la Caja, que señalaron: "Las víctimas sienten que pierden el derecho de morir en paz, ante el pánico constante de fallecer en medio del proceso y trasladar estas deudas millonarias, desproporcionadas y abusivas como una trampa económica para sus hijos".

También mencionaron que "las inhibiciones preventivas dictadas en secreto paralizan los bienes legítimos de padres, esposos/as e hijos", y añadieron: "La paradoja es que la Caja que dice 'cuidar los intereses de sus afiliados', pero a la edad de jubilarse, condena a una mujer a pagar un monto millonario por períodos en los que solo fue empleada pública".

 

Un laberinto de trampas judiciales

El proceso penalizador y confiscatorio contra Rodríguez deja al descubierto serias irregularidades en el fuero Civil y Comercial de La Plata, ya que "el juzgado abrió la causa a prueba y recibió informes del Ministerio de Desarrollo Agrario y del Colegio de Veterinarios que demostraban que Rodríguez no ejercía de forma privada". Pero la jueza omitió la documentación con la excusa de que "no corresponde discutirlo en un apremio".

Pero esa desición de la funcionaria judicial es contradictoria con su propia historia: en octubre de 2025, la misma magistrada falló a favor de otro matriculado (causa "Caja c/ Cruzans"), al dictaminar que 22 años sin notificar eran un "ejercicio abusivo del derecho creditorio" y quitando los intereses. Seis meses después, cambió de criterio y condenó a Rodríguez, aunque no se pueda creer, o cueste creerlo. 

En el caso de Virginia Rodríguez también señalan que hubo "fallas al debido proceso", ya que "se dictó sentencia sin resolver un incidente vigente sobre la violación del 'plazo razonable', una garantía protegida por el Pacto de San José de Costa Rica".

Ante la disparidad de las salas, la defensa solicitó un plenario de Cámaras para unificar la jurisprudencia y frenar las liquidaciones arbitrarias en unidades JUVET, pero fue denegado.

"Ocultar el reclamo judicial durante décadas fue el mecanismo idóneo para dejar crecer las deudas de forma unilateral, generando un enriquecimiento indebido mediante sumas desproporcionadas", concluyó Rodriguez en la charla con este portal de noticias, y advirtió que "este patrón afecta a numerosos profesionales de la región y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino".

Vale aclarar que la Cámara argumentó que existía la vía del recurso extraordinario ante la Suprema Corte, pero el caso corre el riesgo de quedar en la nada si el tribunal superior rechaza el recurso alegando que un juicio de apremio no califica como "sentencia definitiva".

Quienes impulsan la denuncia advierten que no se trata de un hecho aislado, sino de "una metodología institucionalizada que afecta a numerosos profesionales de la región".