Los médicos de cabecera y los odontólogos que prestan servicios para el PAMI comenzaron este miércoles un paro por 72 horas en demanda de una recomposición salarial, una medida que alterará el funcionamiento habitual de la atención y obligará a reprogramar turnos, aunque se atenderán urgencias.

La protesta fue lanzada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), entidad que notificó formalmente la decisión tanto a la obra social de los jubilados como al Ministerio de Capital Humano tras la suspensión de las instancias de diálogo en las que se discutían los honorarios del sector.

El motivo central del conflicto tiene que ver con los cambios introducidos por la Resolución 1107/2026. Desde el sindicato explicaron que el nuevo esquema dispuso una cápita mensual de $2.100 por cada afiliado y suprimió la consulta presencial como un concepto específico dentro de los ingresos de los profesionales, lo que generó un retroceso abrupto en la percepción de haberes.

Los cálculos difundidos por la asociación gremial indican que los ingresos de los prestadores cayeron de unos $2,1 millones a aproximadamente $1,4 millones mensuales.

Asimismo, la organización advirtió que bajo esta nueva modalidad un médico necesita tener bajo su órbita cerca de mil afiliados para reunir el dinero necesario para sostener los gastos operativos de un consultorio.

Durante los días de protesta, la atención quedará circunscrita a aquellos pacientes cuyas patologías requieran asistencia inmediata según el criterio del profesional, a la vez que se mantendrán las recetas de medicamentos para enfermedades prevalentes y se fijará un tope de dos pacientes diarios para la demanda espontánea.

A esto se suma la suspensión en la emisión de Órdenes Médicas Electrónicas (OMES) durante el transcurso del paro, por lo que los afiliados que precisen estos documentos deberán canalizar sus requerimientos a través de los servicios de emergencia del organismo.

Por último, en el escrito presentado ante las carteras competentes, el gremio dejó abierta la posibilidad de endurecer las medidas de fuerza en caso de que no se restablezcan las negociaciones y se modifique el esquema de ingresos actual, al tiempo que endilgó a la conducción del PAMI la responsabilidad institucional por los inconvenientes que el conflicto pueda provocar en la prestación de salud.