La Justicia volvió a fallar a favor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario al declarar inconstitucional una parte del Decreto 759/25 dictado por el gobierno nacional, mediante el cual promulgó formalmente la norma, aunque supeditó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de recursos e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.

El fallo del juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº11, hizo lugar al recurso de amparo presentado por Consejo Universitario Nacional (CIN) y declaró la inconstitucionalidad "en lo relativo a la mención incluida `sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629´" y le ordenó al Ejecutivo "el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias".

El fallo anula el recurso utilizado por el Gobierno para no aplicar la ley a la existencia de financiamiento y partidas presupuestarias al atarla a la Ley de Administración Financiera.

El artículo 5º de esa norma señala que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".

Cabe recordar que Cormick es el mismo juez que semanas atrás había rechazado la apelación del Gobierno nacional sobre la Ley de Financiamiento Universitario y lo intimó para que cumpla con la cautelar.

De todas formas, el Ejecutivo apelará en los próximos días el fallo y, según informó Infobae, analiza otros mecanismos legales para evitar tener que afrontar de inmediato el gasto que implicaría ejecutar la norma.

“Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, señaló una fuente de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio y es el principal organismo dedicado a planificar los pasos a seguir para evitar que el Poder Ejecutivo tenga que hacer frente a este gasto.

En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificaron que la respuesta será por la vía judicial y descartaron una negociación política con las casas de estudio. “No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, remarcó uno de los integrantes de la mesa chica de la funcionaria.

El Ejecutivo ya había planteado durante el expediente que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario demandaría erogaciones superiores a un billón de pesos. Según la posición de los representantes del Estado, ese desembolso comprometería el equilibrio fiscal y requeriría una definición parlamentaria específica sobre su financiamiento.

No obstante, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.

Por último, del lado de las universidades un rector del interior señaló: “Seguramente apelen, pero no estamos seguros porque son impredecibles”.

En el mundo académico no esperaban una convocatoria para dialogar sobre la ejecución de la ley y consideran que la estrategia oficial será sostener la disputa en los tribunales.