Tras el fallo judicial del juez federal Martin Cormick que declaró inconstitucional el Decreto 759/25 del Gobierno nacional a través del cual promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el año pasado, y en el que indicó que era de imposible cumplimiento debido a que no especificaba de dónde saldrían las partidas para hacerlo, el Frente Gremial Universitario de La Plata ratificó la realización de la Marcha de Antorchas.

"Mañana 7 de octubre se vence el plazo de cinco días que tenía el Gobierno para comenzar a aplicar la ley, que es lo que estamos reclamando", expresó el secretario de Organización de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), Manuel Rodríguez, a Info Blanco Sobre Negro. 

"No hay ninguna razón para suspender la marcha porque este fallo va a ser apelado", aseguró Rodríguez, y agregó que "si bien es una muy buena noticia para toda la comunidad universitaria, es tomada con mucha precaución porque el Gobierno va a seguir desacatándola y su posición va a ser cada vez más dura". 

"Mañana se cumplen 350 días del incumplimiento de la ley y por eso vamos a realizar la Marcha de Antorchas y habrá un paro de los no docentes, además de convocar a la 5° Marcha Federal Universitaria del próximo 15 de octubre", concluyó Rodríguez. 

“Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, señaló, por su parte, una fuente de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio, a Infobae.

En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificaron que la respuesta será por la vía judicial y descartaron una negociación política con las casas de estudio. “No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, remarcó uno de los integrantes de la mesa chica de la funcionaria.

El Ejecutivo ya había planteado durante el expediente que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario demandaría erogaciones superiores a un billón de pesos. Según la posición de los representantes del Estado, ese desembolso comprometería el equilibrio fiscal y requeriría una definición parlamentaria específica sobre su financiamiento.

No obstante, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.