La privatización del 90 por ciento de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), el otro 10 por ciento pertenece al Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, la ganó el consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, que ofertó 340,2 millones de dólares, debajo de los 450 millones de dólares que calculaba el Ministerio de Economía de la Nación. 

Pero el traspaso de AySA a manos privadas no llega sólo, sino que estará acompañado de un nuevo incremento en la boleta que pagan los usuarios.

El Gobierno nacional propuso un aumento de tarifas de hasta 22,6 por ciento para buena parte de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires, modificación que será discutida en la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para el 26 de octubre.

Según información del organismo regulador citada por el defensor Adjunto General de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Walter Martello, la nueva categorización de usuarios podría representar ingresos adicionales de 93 millones de dólares anuales para AySA.

De esta forma, en apenas cuatro años, esa recaudación extraordinaria alcanzaría los 372 millones de dólares, una cifra superior a los 340,2 millones ofrecidos por el consorcio ganador. Aunque se trata de ingresos y no de ganancias, la comparación permite dimensionar el negocio que representa la actualización tarifaria.

Pero además, según denunció Martello, ni la valuación de la empresa ni el inventario de pasivos ambientales fueron dados a conocer de manera pública, motivo por el cual el funcionario se presentó en la Justicia federal con un amparo colectivo y un pedido de acceso a la información pública (Ley 27.275).

"Los usuarios todavía no tenemos esos datos. Hay dos hechos más que los usuarios tienen derecho a conocer: Rowing integra el holding Equo Capital, y dos empresas de ese mismo holding, Direct Group y Lógico, aportaron 20 millones de pesos cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025, según los registros de la Cámara Nacional Electoral", expresó el defensor Adjunto General del Pueblo. 

Por último, hay que sumar que el Decreto 805 de 2025 reformó el marco regulatorio y habilitó la posibilidad de interrumpir el suministro de agua por falta de pago, bajo determinadas condiciones. Aunque existen mecanismos de notificación y excepciones para situaciones de vulnerabilidad, la medida incorpora la amenaza de cortes. 

Límites de la Justicia

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo bonaerense que impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano.

La decisión no anula automáticamente la licitación ni suspende expresamente la venta de las acciones, pero establece límites sobre las obligaciones de prestación que deberán respetarse durante el proceso. La resolución adquiere especial relevancia frente a los cambios regulatorios que permiten interrumpir el suministro por falta de pago.