A días de implementado el cobro de peaje en la Ruta Provincial N° 6, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) hizo una presentación administrativa ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires en la que intima al Gobierno a suspender "en forma inmediata" el cobro.

La presentación, efectuada por Jorge Zatloukal, director Ejecutivo del CONADUV, con el patrocinio de la abogada Julieta Ripoli, responsable legal de la entidad, plantea la abstención del cobro de peaje y la suspensión de los efectos de las resoluciones 475 y 767, así como la revisión de las actualizaciones trimestrales, "por falta de justificación suficiente y de control ciudadano efectivo respecto a la recomposición adicional de 23,81 por ciento y el mecanismo de actualización trimestral automático, aplicable a las estaciones de peaje de San Vicente, Las Heras y Cardales".

En el escrito se expresa que no existe un ente regulador independiente, "como exige el artículo 42 de la Constitución Nacional", y que "el Estado provincial está de los dos lados del mostrador: la Provincia de Buenos Aires concede la explotación vial, aprueba las tarifas y debe fiscalizar el servicio y al mismo tiempo controla a la concesionaria AUBASA, la empresa que percibe los peajes y se beneficia con los incrementos autorizados".

El planteo también denuncia que "los aumentos no cuentan con una justificación suficiente y verificable sobre costos reales, obras, mantenimiento y calidad del servicio" y reclama conocer los aportes presupuestarios y comprobar que el peaje no vuelva a financiar gastos ya cubiertos con recursos públicos.

En el escrito, Zatloukal se remitió a un fallo del ex juez Luis Arias de 2017 y recordó que "está vigente el fallo que ordenó a la empresa Aubasa que se abstenga de cobrar tarifa alguna por peaje a los usuarios de la autovía Ruta Provincial N° 6 sin expresa habilitación legislativa y audiencia pública previa".

Por su parte, Ripoli se preguntó "¿quién controla el aumento cuando quien lo autoriza también controla a quien lo cobra?" y señaló que "la impugnación exige una evaluación independiente de las propuestas de AUBASA y mayores garantías de transparencia, ética pública y rendición de cuentas. El interés financiero de la empresa no puede confundirse con el interés público ni desplazar la protección del usuario".

Por último, los peticonantes sostienen que las presentaciones exigen explicar cómo se relacionan los ajustes con la evolución del IPC y los costos efectivos de la concesión, y evaluar su impacto frente al salario mínimo, los aumentos salariales y la canasta básica.

"Esperamos no tener que recurrir a la justicia, confiando que tanto el gobernador de la Provincia de Buenos Aires como el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos hagan lugar a  nuestro reclamo dada la situación económica que es sumamente grave, más estando frente a una triple imposición tributaria y no habiendo caminos alternativos libres de pago, lo cual hace que el peaje sea claramente inconstitucional", reclamó Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y coordinador del CONADUV.