A más de nueve años del femicidio de Micaela García, uno de los casos que conmocionaron a la Argentina y que impulsaron cambios en las políticas públicas sobre violencia de género, la Justicia de Entre Ríos se prepara para realizar un nuevo juicio contra Néstor Roberto Pavón. El hombre, que en el primer proceso fue condenado por encubrimiento, volverá a ser acusado, esta vez señalado como presunto coautor del crimen.

El debate oral comenzará el jueves 29 de octubre de 2026 en Gualeguay y tendrá ocho jornadas previstas: además de la fecha de apertura, habrá audiencias el 30 de octubre y los días 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre, todas desde las 9. El tribunal estará integrado por los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali.

La nueva instancia judicial es el resultado de una prolongada disputa entre la defensa de Pavón, la fiscalía y la querella que representa a la familia de Micaela. La discusión central consiste en determinar si el acusado se limitó a ayudar al autor del femicidio después del hecho o si tuvo una participación directa en los delitos por los que Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua.

El proceso llega después de años de apelaciones, decisiones contradictorias y planteos ante los tribunales provinciales y nacionales. En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la resolución que había mantenido la condena de Pavón por encubrimiento y habilitó la realización de un nuevo juicio para examinar su responsabilidad como presunto coautor.

El femicidio que conmocionó al país

Micaela García tenía 21 años, estudiaba el profesorado de Educación Física y militaba en el Movimiento Evita y en el colectivo Ni Una Menos. Era conocida como "La Negra" y participaba activamente en iniciativas sociales vinculadas con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista.

El 1 de abril de 2017, la joven salió a bailar en Gualeguay, Entre Ríos, y desapareció cuando regresaba. Su ausencia dio inicio a una búsqueda que movilizó a familiares, amigos, vecinos y organizaciones sociales. Una semana después, el 8 de abril, su cuerpo fue encontrado en una zona rural de la ciudad.

La investigación determinó que Micaela había sido víctima de abuso sexual y homicidio. El principal acusado fue Sebastián Wagner, quien tenía antecedentes por delitos sexuales y había recuperado la libertad meses antes por una decisión del entonces juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi.

Ese antecedente provocó una fuerte controversia pública sobre el funcionamiento del sistema judicial y los criterios utilizados para conceder beneficios penitenciarios a personas condenadas por delitos sexuales.

En octubre de 2017, Wagner fue condenado a prisión perpetua por el secuestro, el abuso sexual y el femicidio de la joven. Sin embargo, la investigación también había colocado bajo sospecha a Pavón, quien era su empleador en un lavadero de autos y fue señalado por los investigadores como una persona que habría tenido información relevante sobre lo ocurrido.

En el primer juicio, los fiscales Dardo Tortul e Ignacio Talenta sostuvieron que la intervención de Pavón podía exceder el encubrimiento posterior al crimen. Entre los elementos discutidos figuraban las circunstancias en las que Wagner habría contado con ayuda para escapar, la disponibilidad de un vehículo y dinero, y las sospechas sobre la limpieza del automóvil utilizado en el hecho.

La acusación también puso el foco en testimonios que ubicaban a dos hombres en el vehículo observado en las inmediaciones del lugar donde apareció el cuerpo de Micaela. La interpretación de esas pruebas y su relación con la responsabilidad penal de Pavón quedaron en el centro de la controversia judicial.

El tribunal que intervino en 2017, no obstante, condenó a Pavón a cinco años de prisión por encubrimiento agravado, al considerar que no se había acreditado su participación directa en el secuestro, el abuso sexual y el asesinato. La diferencia entre esa conclusión y la postura de la fiscalía dio origen a una larga batalla judicial.

Una larga batalla judicial

La historia judicial del caso estuvo marcada por decisiones que modificaron en varias oportunidades la situación procesal de Pavón. En junio de 2019, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos hizo lugar al planteo de la fiscalía y anuló la sentencia en lo referido a su participación en el crimen. Los jueces consideraron que la valoración de las pruebas debía revisarse y dispusieron la realización de un nuevo juicio para determinar si había actuado como coautor.

La defensa de Pavón recurrió esa decisión y el expediente llegó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En 2020, ese tribunal revirtió la resolución de Casación y restableció la condena por encubrimiento. La decisión permitió que Pavón recuperara la libertad en septiembre de ese año, cuando todavía no había cumplido la totalidad de los cinco años de prisión impuestos originalmente.

La fiscalía y la querella familiar cuestionaron ese desenlace y llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, en diciembre de 2024, el máximo tribunal hizo lugar al planteo y dejó sin efecto la resolución provincial que había impedido avanzar con el nuevo debate.

La decisión abrió el camino para que Pavón volviera a ser juzgado por su presunta intervención directa en el secuestro, el abuso sexual y el femicidio de Micaela. La discusión jurídica ya no se limita a determinar si colaboró con Wagner después del asesinato, sino que apunta a establecer si participó en la ejecución de los delitos.

En septiembre de 2025, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia entrerriano confirmó la decisión que había ordenado repetir el juicio. Posteriormente, en febrero de 2026, la Justicia rechazó un nuevo planteo de la defensa que buscaba impedir la realización del proceso y quedó conformado el tribunal que tendrá a su cargo el debate.

La defensa había invocado, entre otros argumentos, el principio de ne bis in idem, que protege a las personas frente a la posibilidad de ser juzgadas dos veces por un mismo hecho cuando existe una sentencia firme que impide un nuevo proceso. Los tribunales rechazaron esa objeción en las circunstancias de esta causa y habilitaron la continuidad del procedimiento.

Pavón llegará al juicio en libertad

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación en la familia de Micaela es que Pavón afrontará el nuevo proceso en libertad.

En mayo de 2026, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay rechazó un pedido de prisión preventiva presentado por la familia. La resolución dispuso que el acusado debía trasladarse a Gualeguay y fijar allí un domicilio real 20 días antes del comienzo del juicio.

La familia recurrió esa decisión ante la Cámara de Casación Penal de Paraná. Su reclamo se sustenta en la gravedad de los hechos que ahora se le atribuyen y en la convicción de que Pavón habría tenido una participación más importante que la reconocida en la sentencia original.

El padre de Micaela, Néstor García, cuestionó públicamente las demoras del expediente y expresó su disconformidad con que el acusado permanezca libre mientras se prepara el nuevo debate. Según manifestó en declaraciones difundidas por medios de comunicación, la familia considera que existen elementos para sostener que Wagner no habría actuado solo.

En la reconstrucción de los hechos, uno de los puntos que deberá analizarse es la existencia de testimonios que ubican a dos hombres en el vehículo vinculado con el crimen. También deberán examinarse las declaraciones y los demás elementos probatorios incorporados a la investigación, con el objetivo de determinar qué participación tuvo cada uno de los acusados.

En cualquier caso, la responsabilidad penal de Pavón deberá establecerse a partir de las pruebas que se produzcan y examinen durante el juicio. La condena anterior por encubrimiento no equivale a una declaración judicial de culpabilidad como coautor del femicidio.

El dolor de la familia

En la antesala del proceso, Néstor García reconoció que la proximidad de las audiencias volvió a generar angustia y ansiedad en su familia. En una entrevista con TN, explicó que la preparación para esta nueva instancia judicial implica volver sobre una historia dolorosa que comenzó hace más de nueve años.

El padre de la joven señaló que tanto él como Andrea, la madre de Micaela, decidieron evitar profundizar en los detalles de las horas previas al crimen para no sumar sufrimiento a lo que ya atravesaron. La familia espera que el debate permita establecer las responsabilidades y obtener una respuesta judicial definitiva.

García también sostuvo que desde el comienzo consideraron que habían participado dos personas. En ese sentido, destacó los testimonios que, según la familia, ubican a más de un hombre en el vehículo relacionado con el hecho.

La expectativa es que el juicio permita revisar esas pruebas bajo las garantías del debido proceso y esclarecer si Pavón tuvo una intervención directa en el secuestro, el abuso sexual y el asesinato. Para la familia, el debate representa una oportunidad de avanzar hacia una resolución que consideran pendiente desde 2017.

La Ley Micaela

El asesinato de Micaela tuvo consecuencias que trascendieron el expediente penal. En diciembre de 2018, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en todos sus niveles y jerarquías.

La norma lleva el nombre de la joven en reconocimiento a su militancia y a la repercusión social de su caso. Su sanción puso en el centro del debate la necesidad de incorporar una perspectiva de género en las decisiones estatales y en el funcionamiento de las instituciones.

La controversia por la liberación de Wagner antes del crimen también abrió una discusión sobre el control judicial de las condenas, la evaluación de los antecedentes penales y la responsabilidad de quienes deben decidir sobre la ejecución de las penas. La actuación del juez Carlos Rossi fue objeto de un proceso de revisión institucional, aunque no recibió una sanción en el jury correspondiente.

Mientras tanto, la familia de Micaela creó la Fundación Micaela García «La Negra», desde donde continúa promoviendo iniciativas vinculadas con la igualdad, la prevención de las violencias y la construcción de una sociedad más justa.

El nuevo juicio contra Pavón vuelve a poner en primer plano una pregunta que permanece abierta desde el primer proceso: si el crimen fue cometido únicamente por Wagner o si hubo otra persona que participó de manera directa. La respuesta deberá surgir de las pruebas, los testimonios y la valoración de los jueces durante las audiencias.

A casi una década del femicidio, el proceso representa una nueva instancia decisiva para la causa. Para la familia, no se trata solamente de revisar una condena anterior, sino de conseguir que se investigue integralmente lo ocurrido y que las responsabilidades penales se determinen conforme a derecho.