El jueves pasado se realizó la quinta marcha universitaria, que movilizó a miles de estudiantes, docentes, graduados y a toda la comunidad universitaria a lo largo y ancho de nuestro país. Una marcha pacífica, convocada por la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional, con la participación de los centros de estudiantes, rectores y representantes de las universidades de todo el país.

La defensa de la universidad pública no comenzó hoy. Desde la Reforma Universitaria de 1918, cuando los estudiantes de Córdoba se levantaron contra un sistema universitario clerical, conservador y de estructuras monárquicas y monásticas, se inició una transformación que sentó las bases de la universidad que conocemos actualmente.

Una lucha por la autonomía universitaria, el cogobierno, la libertad de cátedra, la participación estudiantil y la democratización de la educación superior, que trascendió las fronteras de nuestro país y se extendió por toda América Latina.

Aquella juventud reformista comprendió que no podía existir una sociedad verdaderamente libre y democrática sin una universidad que también lo fuera. Así lo expresaba el Manifiesto Liminar de 1918, redactado por Deodoro Roca y dirigido a los hombres libres de América del Sur: "Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación
monárquica y monástica".

Una declaración que representó la ruptura con un modelo universitario cerrado, elitista y conservador, para dar paso a una universidad
comprometida con la sociedad y con el desarrollo de nuestra República.

Nuestra historia también conoce las consecuencias de los ataques contra la educación y la libertad de pensamiento. Desde la Noche de los Bastones Largos, cuando los militares golpeaban a docentes y estudiantes dentro de las universidades, hasta la Noche de los Lápices, cuando secuestraban a nuestros jóvenes estudiantes secundarios. También atravesamos tiempos oscuros en los que se intervenían
universidades, se perseguía a docentes y estudiantes, se cerraban universidades y se prohibía la lectura de determinados libros y bibliografía por el solo hecho de expresar determinadas ideas.

Hoy asistimos a un nuevo episodio que debe encender las alarmas de nuestra sociedad. Un gobierno libertario que responde con represión a un reclamo legítimo del sistema universitario, en una jornada en donde el propio Gobierno infiltra personas violentas para justificar el accionar de las fuerzas de seguridad, desacreditar una manifestación pacífica y socavar la defensa de la universidad pública.

Estamos frente al desfinanciamiento y a un ataque a la educación pública superior, una de las herramientas más significativas que tiene nuestra sociedad para progresar y uno de los pilares estratégicos para el crecimiento y desarrollo del país, tanto en el presente
como en el futuro.

No se trata de un hecho aislado, sino de un proceso que viene desarrollándose con recortes presupuestarios, deterioro de los salarios docentes y no docentes, debilitamiento de las becas estudiantiles, reducción de los recursos destinados a la ciencia y la investigación y reiterados cuestionamientos públicos hacia nuestras universidades. Un proceso que pone en riesgo no solamente el funcionamiento de las
instituciones, sino también la capacidad de nuestro país para formar profesionales, producir conocimiento y construir su propio desarrollo.

Los países más desarrollados y más ricos, aquellos que generan mayores niveles de calidad de vida para sus habitantes, son precisamente los que más han invertido en educación, ciencia y tecnología. Por ello, la clave para nuestro país es construir y sostener un sistema universitario y científico robusto, fuerte y de calidad, que sea el faro que impulse nuestro crecimiento y desarrollo.

Por el contrario, los países que no invierten en estas áreas quedan relegados a lo que comúnmente denominamos países "en vías de desarrollo" o "subdesarrollados", limitados principalmente a la producción de materias primas, sin desarrollar plenamente sus capacidades productivas, científicas y tecnológicas, y con grandes sectores de su población sumergidos en la pobreza.

Ese es el modelo conservador que beneficia a unos pocos y perjudica a las grandes mayorías. Un modelo de país dividido, que no construye a partir de su propio potencial ni de la cooperación colectiva, sino que profundiza las desigualdades y limita las oportunidades de progreso de nuestra sociedad.

Pero todo ello no refleja únicamente un ataque al sistema universitario, sino también un preocupante deterioro de nuestras instituciones democráticas y de los principios fundamentales del Estado de Derecho.

El incumplimiento de las leyes, el desconocimiento de las reglas que garantizan la división de poderes y el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos ponen en peligro el verdadero sentido de República. Cuando el Poder Ejecutivo desconoce una ley sancionada por el Congreso de la Nación y las decisiones judiciales que exigen su cumplimiento, como sucede en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, no solo se pone en discusión el funcionamiento de una política pública, sino también el respeto por las instituciones y la confianza de la sociedad en nuestro sistema democrático y de representación.

Porque la democracia no se agota en el resultado de una elección. También exige el respeto por las leyes, las instituciones, la división de poderes y el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente para defender aquello que consideran justo.

Hoy, a más de un siglo de aquella Reforma Universitaria de 1918, nos encontramos frente a una nueva avanzada conservadora que pretende debilitar las conquistas que hicieron posible la universidad pública que tenemos. Por ello, es momento de recuperar las causas que nos dieron origen, de volver a levantar las banderas reformistas y defender los principios de libertad, autonomía, democracia y participación que impulsaron a aquella juventud universitaria.

Como proclamaba el Manifiesto Liminar: "La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos.

Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa".

Aquellas palabras mantienen hoy una enorme vigencia. Porque la universidad pública que tenemos no fue una concesión de ningún gobierno, sino el resultado de generaciones que lucharon por una educación más libre, igualitaria, democrática y comprometida con el desarrollo de nuestro país. Y es nuestra responsabilidad defender esas conquistas frente a quienes pretenden retroceder en nuestra historia.

Por ello, es fundamental que toda la sociedad permanezca alerta frente a esta represión y a los ataques contra el sistema universitario y nuestras instituciones democráticas. Porque lo que está en juego no es solamente el presente de nuestras universidades, sino el modelo de país que queremos construir, el futuro de nuestra República y las oportunidades de progreso de las generaciones presentes y futuras.