Por: Walter Martello

En el Boletín Oficial se publicó la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, con la firma del ministro Luis Caputo. En pocas líneas, el Estado nacional adjudicó el 90% de AySA —135.000 acciones Clase A, el control total de la empresa— al consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX Aqua AR B.V. y Transclor S.A., por USD 340,2 millones. El contrato de compraventa se firma el 13 de noviembre.

Para el Gobierno es un trámite más de su programa de privatizaciones. Para quince millones de personas del AMBA, es otra cosa: es quién va a decidir, de acá en adelante, si el agua llega a tu canilla, cuánto pagás por ella y cuándo llegan las cloacas a tu barrio.

Lo de AySA no es un caso aislado. Si se mira quiénes se quedaron con la luz, el gas y el agua del AMBA desde los 90, aparece un patrón: los servicios pasan de mano en mano y hoy un mismo empresario aparece en los tres.

Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, entró a Edenor en 2020 junto a Manzano y otros socios; Edenor acordó en 2026 la compra del control de Metrogas; y ahora Transclor integra el consorcio que se queda con AySA. Luz, gas y agua de millones de hogares, con un socio en común.

 

 

Los números que la resolución no cuenta

AySA presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano. Dentro de su área viven 15,2 millones de personas. Según los últimos datos de la propia empresa, 11,47 millones tienen agua de red y 9,66 millones tienen cloacas. Hacé la cuenta: cerca de 3,7 millones de vecinos no tienen agua potable por red y unos 5,5 millones no tienen cloacas. La enorme mayoría vive en el conurbano bonaerense, no en la Capital.

En los nueve partidos que se sumaron a la concesión entre 2017 y 2018, la cobertura era de apenas 36% en agua y 25% en cloacas. Ahí está la deuda. Y ahí es donde un operador privado tiene menos incentivos para invertir, porque son los barrios donde la obra es más cara y la boleta más difícil de cobrar.

¿Qué le exige el nuevo esquema al comprador? Para 2031, una cobertura de 75,3% en agua y 63,9% en cloacas. Hoy, según el informe de sustentabilidad de AySA con datos de 2024, la cobertura es de 75,3% en agua y 63,4% en cloacas. Es decir: la meta a cinco años en agua es exactamente la cobertura que ya existe. Y la meta final, a 30 años, es 90% en agua y 75% en cloacas. Dicho de otro modo: en 2056 se considerará «cumplido» un contrato que deje a uno de cada diez vecinos sin agua y a uno de cada cuatro sin cloacas.

Tampoco cierra el precio. El Gobierno hablaba de recaudar unos USD 500 millones. Se licitó sin precio base, se presentaron solo dos consorcios y ganó una oferta de USD 340,2 millones contra USD 285 millones del grupo Roggio. La Comisión Evaluadora la consideró «razonable» en función de una tasación del BICE que los usuarios —que somos los verdaderos dueños de esa infraestructura, pagada con décadas de tarifas e impuestos— nunca pudimos ver completa.

El agua es un derecho, no una línea de negocio

No lo digo yo. Lo dice el sistema jurídico que la Argentina se comprometió a respetar.

En 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció expresamente el derecho humano al agua potable y al saneamiento (Resolución 64/292). Antes, en 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General N° 15, había dejado claro que el agua debe ser suficiente, salubre, físicamente accesible y asequible, y que el Estado no puede desentenderse de esa obligación aunque el servicio lo preste un privado. Ese Pacto tiene jerarquía constitucional en nuestro país por el artículo 75, inciso 22.

Nuestra Corte Suprema lo dijo con todas las letras en el caso «Kersich» (2014): el acceso al agua potable es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar, y que justifica la intervención de la Justicia cuando está en riesgo. A eso se suman los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional —ambiente sano y protección de usuarios de servicios públicos—, la Ley General del Ambiente 25.675 y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que obliga a garantizar información y participación pública en las decisiones que afectan el ambiente.

La pregunta, entonces, no es si AySA puede ser privada. La pregunta es si este proceso garantiza ese derecho. Y la respuesta, con lo que sabemos hoy, es que no.

Lo que venimos advirtiendo

No llegamos a este punto de sorpresa. Más de un mes antes de la apertura de sobres, como vecino de Esteban Echeverría, presenté un amparo colectivo ante la Justicia federal (Expte. FLP 027078/2026). Los planteos eran concretos:

• No hubo Evaluación de Impacto Ambiental de una operación que transfiere el control del sistema sanitario más grande del país.
• El acceso a la información fue restringido a un «data room» para oferentes, en contra de la Ley 25.831 de información pública ambiental y del Acuerdo de Escazú.
• Los usuarios no fuimos consultados sobre el destino de un servicio esencial.

El juzgado entendió que no había «ilegalidad manifiesta». Lo respetamos, pero no cambia el fondo: que algo no sea manifiestamente ilegal no lo convierte en legítimo ni en transparente. En paralelo, pedimos formalmente al Ministerio de Economía, por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, la documentación sobre la valuación del paquete accionario. Seguimos esperando respuestas completas.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia logramos algo importante: el 8 de septiembre la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó una medida cautelar que impide a AySA reducir sus obligaciones vinculadas al acceso al agua, la salud y el ambiente. Esa protección no se vende con las acciones. El nuevo dueño la recibe junto con la empresa.

Y no somos los únicos preocupados. Cuatro integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones denunciaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas las condiciones de la licitación y las tasaciones. Hay preguntas sin respuesta sobre PHX Aqua, un vehículo radicado en Países Bajos que la agencia Noticias Argentinas vincula con un fondo de Curaçao. Transclor, uno de los compradores, es proveedor de insumos químicos para la potabilización de la propia AySA: el proveedor pasa a ser el dueño de su cliente. Y según registros de la Cámara Nacional Electoral, dos empresas del holding Equo Capital, al que pertenece Rowing, aportaron $40 millones a la campaña 2025 de La Libertad Avanza. Nada de esto se explicó antes de adjudicar.

Y la boleta, ¿quién la paga?

El momento elegido no es casual. Este lunes 26 de octubre el ERAS hace la audiencia pública para cambiar los coeficientes zonales con los que se calcula tu factura: pasan de once categorías a cinco. Según la propia propuesta, seis de cada diez usuarios residenciales —casi 2 millones de hogares— pagarían más. Primero se ordena la tarifa, después se entrega la empresa. El nuevo operador arranca con la boleta ya ajustada.

El derecho al agua incluye que sea asequible. Una familia del conurbano que hoy ya destina una parte creciente de su ingreso a luz, gas y transporte no puede quedar sujeta a un esquema pensado para garantizar la rentabilidad de un fondo de inversión. Además, más de tres millones de usuarios no tienen medidor: pagan por estimación, sin poder controlar lo que consumen.

Esta película ya la vimos. Entre 1993 y 2006, Aguas Argentinas tuvo la concesión, incumplió metas de expansión y calidad, y el Estado terminó rescindiendo el contrato. Los barrios que quedaron sin obras fueron, otra vez, los del conurbano.