Un grupo de 43 mujeres que formaron parte del Opus Dei, y que presentaron la denuncia penal más grande en la historia de la región contra esa prelatura por trata de personas y explotación laboral, solicitó formalmente una audiencia con el Papa León XIV aprovechando su inminente viaje oficial a la Argentina.

El caso expone una de las mayores crisis institucionales que enfrenta la Iglesia Católica en América Latina y genera alta tensión. Sin embargo, a escasos días del arribo del Sumo Pontífice a territorio sudamericano, el pedido de las denunciantes todavía no obtuvo una respuesta oficial por parte del Vaticano, lo que tiene en vilo a las víctimas y a sus representantes legales.

El conflicto de fondo señala un sistema de captación y sometimiento que, según la presentación judicial, operó de manera sistemática durante décadas.

Las damnificadas relatan haber sido reclutadas cuando eran apenas adolescentes, provenientes de familias de bajos recursos y zonas rurales vulnerables del interior del país o de naciones vecinas.

Con la promesa de recibir formación escolar y un futuro próspero, fueron trasladadas a centros de la organización donde sus vidas dieron un giro dramático. En lugar de la educación prometida, las jóvenes se vieron sometidas a extensas jornadas de tareas domésticas, limpieza y cocina para los miembros de mayor jerarquía de la institución.

La denuncia penal, que tramita en la justicia federal argentina y mantiene bajo la lupa a la cúpula directiva de la prelatura, menciona condiciones de trabajo sin ningún tipo de remuneración económica, la ausencia total de aportes previsionales y un estricto régimen de aislamiento social y familiar.

Para las ex numerarias auxiliares, un encuentro cara a cara con el máximo líder de la Iglesia representaría superar la última frontera para conseguir un reconocimiento institucional por el daño sufrido, tras años de haber intentado canales internos de diálogo que resultaron infructuosos.

El silencio de la Santa Sede ante el pedido de audiencia genera interpretaciones cruzadas en el ámbito eclesiástico y civil. La visita del Papa reabrirá esas heridas y el reclamo de justicia, aunque cómo seguirá el proceso penal es, por ahora, una pregunta que nadie se anima a responder.