El gobierno nacional oficializó el cierre de la obra social de las Fuerzas Armadas mediante un decreto y los empleados de la delegación de La Plata, unos 35, denunciaron que podrían ser despedidos antes de diciembre y convocaron a una marcha para este miércoles.
El Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial, dispuso la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). El proceso estará a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa y contempla el traslado de servicios a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). La delegación local funciona en 6 y diagonal 77, cerca de Plaza Italia.
El IOSFA cuenta con alrededor de 8.000 afiliados en su jurisdicción de La Plata, que también abarca Verónica, Magdalena, Chascomús, Lobos y Junín.
Sin embargo, los problemas económicos de la institución dejaron a los afiliados sin prestaciones en la ciudad desde hace al menos un año y medio, y el cierre de la delegación podría complicar todavía más el acceso a la atención médica.
En ese marco, los trabajadores de la Delegación de La Plata comenzaron a organizarse para rechazar el cierre de la oficina y defender la continuidad de sus puestos laborales. Este miércoles 4 de noviembre realizarán una manifestación en la sede de diagonal 77 entre 6 y 45.
"No al cierre de la delegación", enunciaron los trabajadores en su reclamo. "Detrás de cada puesto de trabajo hay una familia. Los afiliados no somos un trámite online", expresaron. "La atención digital no puede reemplazar al acompañamiento del personal. Los adultos mayores también tienen derechos", agregaron.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que la decisión del Ejecutivo podría afectar a unos 1.450 empleados en todo el país. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, explicó que el organismo cuenta con 2.450 trabajadores, pero solamente 1.000 serían incorporados a la nueva estructura, mientras que el resto enfrentaría cambios en su situación laboral.
El dirigente sindical precisó que 450 empleados pasarían a disponibilidad y otros 1.000 perderían sus contratos.
Aguiar también cuestionó el destino de las prestaciones médicas y sostuvo que el Gobierno busca transferir su administración a empresas privadas. Es por ese motivo que el gremio ratificó un plan de lucha contra los despidos y el cierre de las delegaciones.
La decisión oficial llegó después de que la administración nacional anunciara, a comienzos de noviembre, la cancelación de una deuda de 210.000 millones de pesos con fondos del Tesoro Nacional. El pasivo comprendía obligaciones con alrededor de 2.000 proveedores, incluidos unos 30 grandes acreedores vinculados con clínicas, sanatorios, laboratorios, farmacias y colegios profesionales.
Los incumplimientos de pago habían provocado una interrupción casi total de las prestaciones para los afiliados. Ahora, la nueva conducción de OSFA tendrá la responsabilidad de definir cuántos empleados necesita para funcionar y quiénes continuarán trabajando, una decisión que mantiene sin certezas a las delegaciones del organismo distribuidas en distintas ciudades del país.
La situación también afecta a distintas oficinas de la provincia de Buenos Aires, donde el IOSFA tiene presencia en Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, Tandil, Olavarría, Punta Alta, San Nicolás, Zárate, Necochea, Magdalena, Merlo y Moreno.