Manuel Adorni recibió un importante respaldo judicial en la causa que investigaba su patrimonio y un presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por el Gobierno nacional. El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener esa acusación y solicitó que el expediente deje de tramitar en la Justicia Federal y pase al fuero Penal Económico, donde se investigará una posible evasión impositiva.

La decisión representa una ayuda muy controvertida para el ex funcionario, aunque todavía no significa su sobreseimiento. La última palabra la tendrá el juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el planteo del representante del Ministerio Público Fiscal.

El dictamen de Pollicita, de 38 páginas, se basó  en la explicación que presentó la defensa de Adorni sobre el origen del dinero utilizado para afrontar distintos gastos, propiedades y operaciones inmobiliarias.

El punto central de la investigación fue determinar cómo había conseguido Adorni los fondos para sostener un nivel de gastos propios de un millonario aunque no tuviera  ingresos declarados que lo respaladaran.

Durante la pesquisa detectaron erogaciones por 402.578 dólares entre compras, refacciones, viajes, alquileres, expensas y otros compromisos económicos. De ese total, más de 374.000 dólares habrían sido abonados en efectivo.

También se había identificado una diferencia de aproximadamente 43 millones de pesos entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas registrados durante el período investigado.

El relato del pendrive

La defensa del ex jefe de Gabinete presentó una explicación que terminó siendo determinante para el fiscal Pollicita : sostuvo que buena parte del dinero provenía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, varios años antes de su llegada al Gobierno.

Según esa versión, Adorni había invertido alrededor de 200.000 dólares en criptomonedas y posteriormente obtuvo 591.544,61 dólares mediante la venta de esos activos. El dinero habría sido conservado en efectivo y utilizado para afrontar diferentes operaciones patrimoniales.

Para comprobar esa explicación, la Fiscalía ordenó una serie de verificaciones técnicas sobre ocho direcciones de Bitcoin presentadas por la defensa.

Los informes confirmaron que las claves privadas permitían acceder actualmente a esas direcciones y generar firmas digitales válidas. También se comprobó que habían registrado movimientos entre 2014 y 2018.

Sin embargo, los especialistas no pudieron determinar con certeza quién había controlado esas billeteras durante aquellos años ni establecer desde cuándo la defensa tenía acceso a las claves. Pollicita consideró que las limitaciones técnicas no permitían demostrar que la explicación de Adorni fuera falsa.

En otras palabras, la investigación no consiguió desmentir que el capital principal hubiera sido generado antes de su incorporación al Poder Ejecutivo.

Qué puede pasar con la causa

El dictamen no significa que Adorni haya quedado definitivamente desvinculado de cualquier investigación judicial, pero no obstante constituye un fallo que nadie esperaba. Tanta impunidad provoca malestar y bronca.

Sabiendo que su decisión generaría polémicas, Pollicita advirtió que existen otros aspectos que merecen ser investigados. Entre ellos aparecen la posible omisión de declarar durante años dólares y activos financieros, las operaciones con criptomonedas, las diferencias entre información presentada ante plataformas de intercambio y organismos públicos, y la utilización de dinero en efectivo para realizar distintas operaciones.

La Fiscalía considera que esos movimientos podrían configurar irregularidades contempladas en el Régimen Penal Tributario. La investigación deberá determinar si existió evasión de impuestos y cuál sería su eventual alcance.

El expediente también contiene operaciones inmobiliarias y pagos en los que habrían intervenido terceras personas, cuyos movimientos deberán ser analizados.

El próximo paso depende ahora de Ariel Lijo. Si acepta el pedido de Pollicita, la causa será enviada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, que deberá determinar si existió algún delito tributario.

Así, Adorni consiguió que la principal hipótesis que pesaba sobre su patrimonio perdiera sustento  parael fiscal.

Pero el caso judicial, del mismo tenor que tuvo la novela de "los bolsos de López" aunque con una impunidad salvaje, está lejos de cerrarse: la discusión ya no pasa centralmente por cómo se enriqueció durante su paso por el Gobierno, sino por si declaró correctamente el dinero que asegura haber acumulado antes de llegar a la función pública.