El uso de los celulares en las escuelas bonaerenses tendrá desde ahora nuevas restricciones. El gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó este martes 10 de noviembre la Ley 15.678, que extiende a los establecimientos secundarios las limitaciones que ya regían para el nivel primario, y establece un criterio común para las instituciones educativas de todo el territorio provincial.

La normativa alcanza a las escuelas de gestión estatal y privada y busca limitar las distracciones que generan los teléfonos durante la jornada escolar.

El cambio central que va a generar es que los estudiantes de secundaria también estarán comprendidos dentro de una regulación que apunta a ordenar el uso de dispositivos digitales dentro de las aulas.

La publicación en el Boletín Oficial, con fecha de hoy, es  el paso formal que faltaba para que la modificación legislativa quedara promulgada.

Cuándo se permitirá usar el teléfono

La nueva legislación establece que los dispositivos digitales deberán utilizarse exclusivamente para cumplir objetivos pedagógicos. O sea que los estudiantes no podrán utilizar sus teléfonos durante las actividades escolares, salvo que exista un requerimiento o una autorización explícita del docente.

Ello significa que no se trata de una prohibición para ingresar con celulares a los establecimientos. Los alumnos podrán llevarlos, pero no utilizarlos libremente durante las clases.

La excepción estará dada por aquellas situaciones en las que los profesores consideren que el teléfono puede convertirse en una herramienta útil para desarrollar una actividad, realizar una búsqueda, consultar material o completar un trabajo.

La regulación no establece diferencias según el tamaño de los establecimientos o la localidad en la que funcionen.

El debate sobre los celulares y la educación

La aplicación de la norma abre interrogantes entre docentes, directivos y familias. Uno de los principales desafíos será determinar cómo se organizará el cumplimiento de la disposición sin interferir con otras cuestiones, como la comunicación entre los padres y los alumnos.

También profundiza el debate sobre el papel de la tecnología en la enseñanza: mientras algunos sectores educativos consideran que los celulares representan una fuente permanente de distracción, otros advierten que pueden ser herramientas valiosas cuando existe una planificación pedagógica.

La discusión llegó incluso al interior del propio oficialismo provincial. La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, había señalado que la normativa no plantea una prohibición absoluta, sino una regulación del uso de los dispositivos.

Por otra prte, el senador Emmanuel González Santalla defendió el alcance de la restricción y sostuvo que los teléfonos no deben utilizarse durante la jornada escolar, excepto cuando exista autorización docente.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Martín Rozas, del espacio Unión y Libertad. El proyecto había comenzado su recorrido legislativo en 2024, obtuvo aprobación en Diputados en diciembre de 2025, recibió modificaciones en el Senado el 6 de octubre de 2026 y consiguió la sanción definitiva en la Cámara baja el 20 de octubre.