El Ejecutivo Municipal de La Plata presentó este viernes el nuevo pliego de bases y condiciones para la licitación del servicio público de transporte de pasajeros, que deberá ser aprobado por el Concejo Deliberante.
La propuesta fue expuesta por funcionarios comunales durante una reunión conjunta de las comisiones de Transporte y Tránsito y de Planeamiento del Concejo, donde se detallaron las modificaciones respecto del proceso anterior. Ahora, el documento deberá atravesar el debate legislativo y ser aprobado por el cuerpo deliberativo antes de que el Municipio pueda realizar un nuevo llamado a licitación.
Uno de los principales cambios es la incorporación de un sistema de control en tiempo real que permitirá al Municipio contar con información propia sobre el funcionamiento de los colectivos. A través de dispositivos electrónicos que deberán instalarse en todas las unidades, se registrarán los recorridos, los kilómetros realizados, la cantidad de pasajeros que suben y bajan y el nivel de ocupación de cada vehículo.
Los datos permitirán que el Ejecutivo tenga un seguimiento permanente de la prestación. Hasta ahora, según explicaron los funcionarios, la Comuna dependía principalmente de la información de SUBE, que dificultaba conocer con precisión la relación entre los pasajeros transportados y los kilómetros recorridos, una variable central para determinar la sustentabilidad económica del sistema.
El nuevo mecanismo incorpora el Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK), que funcionará como referencia para evaluar la demanda y establecer posibles modificaciones en cada una de las cuatro zonas del servicio. El objetivo es que las decisiones sobre frecuencias y recorridos dejen de depender exclusivamente de los criterios de las empresas prestatarias y pasen a estar respaldadas por información que tendrá disponible el propio Municipio.
La propuesta establece distintos márgenes para realizar esos ajustes. Cuando la diferencia entre el IPK efectivo y el de equilibrio no supere el 15%, se mantendrá la oferta programada. Si supera ese porcentaje y llega hasta el 30%, el Municipio podrá redistribuir kilómetros, modificar frecuencias o reforzar determinados ramales. Cuando la variación supere el 30%, podrán evaluarse modificaciones más amplias en horarios, recorridos y cobertura. Estos cambios deberán responder a variaciones sostenidas durante tres meses consecutivos y las empresas no podrán reducir unilateralmente los servicios.
El índice tampoco será el único elemento para definir modificaciones. Se tendrán en cuenta la cantidad de pasajeros por línea y franja horaria, la ocupación de las unidades, las necesidades de conectividad de los barrios y las condiciones de accesibilidad. De esta manera, una menor cantidad de usuarios no implicará automáticamente la eliminación de un recorrido, especialmente cuando resulte necesario para garantizar la conectividad de las localidades periféricas.
El nuevo pliego también prevé el desarrollo de una aplicación oficial administrada por la Municipalidad. Los usuarios podrán consultar la ubicación de los colectivos, los tiempos estimados de llegada a las paradas, los recorridos, las frecuencias, las demoras y el nivel de ocupación de las unidades.
A diferencia del pliego anterior, el nuevo proyecto no contempla incorporar nuevos recorridos desde el inicio de la concesión. La propuesta parte de las trazas que funcionan actualmente en las líneas Norte, Sur, Este y Oeste.
Sin embargo, esto no significa que el esquema vaya a permanecer inalterado durante los próximos años. El mecanismo de seguimiento permitirá evaluar ampliaciones, reorganizaciones de ramales y modificaciones en las frecuencias de acuerdo con la evolución de la demanda y los datos que genere el sistema.
También se contempla la posibilidad de implementar experiencias piloto para probar nuevas trazas, paradas y frecuencias antes de incorporarlas definitivamente. De esta manera, el Municipio busca contar con herramientas para adaptar el servicio a las necesidades de los usuarios sin establecer de antemano una expansión de recorridos que después pueda resultar difícil de sostener.
Otro de los cambios centrales está relacionado con las condiciones de adjudicación. El nuevo pliego mantiene la división del servicio en cuatro zonas pero establece que una misma empresa o Unión Transitoria de Empresas (UTE) solamente podrá resultar adjudicataria de una de ellas.
La restricción busca evitar que una firma pueda quedarse con una zona y, al mismo tiempo, participar de otra mediante una asociación con distintas empresas. Es decir, una compañía que resulte adjudicataria de la zona Oeste no podrá integrar una UTE que obtenga la concesión de la zona Sur, por ejemplo.
Además, se reduce de 12 a 10 años el plazo inicial de las concesiones. Las eventuales prórrogas tendrán carácter excepcional y deberán contar con autorización del Concejo Deliberante.
El documento también modifica los criterios de evaluación de las ofertas, con mayor ponderación para las características del servicio, la renovación de las unidades y la transición energética. En ese sentido, los colectivos que comiencen a prestar el servicio deberán tener una antigüedad máxima de siete años y se promueve la incorporación progresiva de unidades a GNC, híbridas o eléctricas.
La presentación del nuevo pliego representa un nuevo capítulo de un proceso que había comenzado el año pasado. En noviembre de 2025, el Concejo Deliberante había aprobado la Ordenanza 12.690, que habilitó el llamado a licitación para renovar el sistema de transporte público de pasajeros de La Plata.
La licitación se realizó en enero de 2026 y se presentaron cuatro ofertas. En marzo, el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante la propuesta de preadjudicación de las cuatro zonas, que contemplaba mantener a las empresas que ya venían prestando el servicio.
Sin embargo, el expediente nunca llegó a completar su aprobación legislativa. En abril se desató un conflicto entre las empresas de transporte y el Gobierno nacional por el esquema de subsidios y la falta de actualización de las compensaciones frente al incremento del combustible y los costos operativos.
La disputa tuvo consecuencias directas sobre el servicio. Las empresas restringieron la circulación de unidades y redujeron las frecuencias durante varias semanas, lo que provocó demoras y mayores tiempos de espera para los pasajeros. Las prestatarias argumentaban que la falta de asistencia y actualización de los subsidios nacionales hacía difícil sostener los niveles de prestación previstos.
La situación abrió una discusión en el Concejo Deliberante sobre las condiciones en las que se estaba desarrollando el proceso de adjudicación. Los concejales pusieron en cuestión si las frecuencias contempladas en el pliego original podían sostenerse en el nuevo escenario económico y si correspondía avanzar con la adjudicación mientras persistían los problemas en el servicio.
Finalmente, el Ejecutivo municipal consideró que las condiciones económicas y operativas habían cambiado sustancialmente desde la elaboración del primer documento y que ya no resultaba conveniente continuar con aquella licitación. Por eso, en septiembre pasado, el Concejo derogó la norma anterior y dejó sin efecto la Licitación Pública 42/2025. La decisión también contempló la devolución de las garantías presentadas por las empresas y encomendó al Ejecutivo la elaboración de un nuevo pliego en un plazo máximo de 60 días.