Aníbal Gordon fue uno de los personajes más temidos de la Triple A (AAA) y posteriormente un personaje clave dentro del aparato clandestino de inteligencia y represión durante la última dictadura militar. Paardójicamente, en diciembre de 2002, quince años después de su muerte, su familia volvió a quedar en el centro de una historia sobre secuestros. Esa vez la víctima fue su propia hija: Adriana Beatriz Gordon, que terminó en manos de una banda de delincuentes.
Vale aclarar que según la investigación policial, la víctima ni siquiera sabía inicialmente quién era su padre. Cosas increíbles del destino, y de un país como la Argentina en cuyo terriorio se funden la realidad, el realismo mágico, el horror, la ficción y la tragedia.
El drama que vivió la hija de Gordon tuvo la particularidad de que su padre, que cobró notoriedad por estos días gracias a la miniserie de Netflix, había hecho del secuestro extorsivo una de las herramientas de su actividad "profesional" terminó siendo víctima del mismo delito que había marcado la trayectoria de su progenitor.
Todo ocurrió en el norte del conurbano bonaerense y terminó con la detención de tres jóvenes de entre 19 y 22 años. La investigación permitió reconstruir el recorrido de la víctima, el lugar donde permaneció cautiva y el dinero que debió entregar su familia para conseguir su liberación.
El secuestro se produjo durante la segunda quincena de diciembre de 2002. Según la reconstrucción publicada entonces por diarios porteños, Adriana Beatriz Gordon fue interceptada en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, cuando un grupo de delincuentes la encerró con dos automóviles. El procedimiento les permitió reducirla y trasladarla sin inconvenientes.
Los secuestradores no eran integrantes de una organización sofisticada ni tenían, al menos de acuerdo con los primeros elementos reunidos por los investigadores, una estructura demasiado desarrollada.
Se trataba de un grupo de jóvenes que venía realizando secuestros extorsivos en la zona norte del Gran Buenos Aires y que había encontrado en esa modalidad delictiva una manera de conseguir dinero mediante la intimidación a las familias de sus víctimas.
Después de capturarla, la trasladaron hasta el complejo habitacional Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, en Ciudadela, partido de Tres de Febrero. Allí permaneció privada de su libertad durante aproximadamente doce horas.
Durante ese lapso de tiempo, los delincuentes establecieron contacto con sus familiares y comenzaron las negociaciones para obtener el rescate. La liberación dependía del pago de una suma de dinero que finalmente fue entregada.
El monto informado por los medios de comunicación de la época fue de 55.300 pesos y 726 dólares. Se trataba de una cifra considerable para aquellos años debido a la crisis de diciembre de 2001.
Una vez concretado el pago, la mujer recuperó la libertad. Sin embargo, todavía quedaba un capítulo inesperado: los responsables del secuestro terminarían descubriendo la verdadera identidad de la mujer y, sobre todo, el apellido que llevaba.
Uno de los aspectos más llamativos del caso fue que los secuestradores no habrían sabido desde el comienzo que la mujer que tenían cautiva era hija de Aníbal Gordon.
Según publicó Página 12 el 21 de diciembre de 2002, los integrantes de la banda se enteraron de ese vínculo cuando la Policía avanzó sobre sus lugares de operación y logró identificarlos.
Hasta entonces, habían cometido el secuestro sin dimensionar que habían elegido como víctima a la hija de uno de los hombres más conocidos de la historia criminal y represiva argentina.
La noticia tuvo una repercusión particular por esa particularidad: Gordon había sido un especialista en secuestros extorsivos y había participado en algunos de los capítulos más brutales de la represión ilegal de los años 70 . Su hija, en cambio, había terminado en manos de delincuentes comunes que utilizaron precisamente el mecanismo del rapto y la extorsión para conseguir dinero.
La historia también permitió conocer que la banda no había comenzado sus actividades con el secuestro de Adriana Gordon. Los investigadores la relacionaron con otro episodio ocurrido el 1° de noviembre de ese mismo año, cuando dos hermanos, identificados como Néstor Díaz y Dante Peralta, habían sido capturados y liberados después del pago de un rescate.
Por ese delito las familias de las víctimas habrían entregado alrededor de 10.700 dólares, según la información policial publicada por Clarín.
La hipótesis de los investigadores era que los jóvenes habían conformado una organización dedicada a realizar secuestros extorsivos en el norte del conurbano, aunque todavía estaban lejos de contar con la infraestructura de las bandas más experimentadas que operaban en ese momento.
La investigación quedó en manos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, que comenzó a reconstruir los movimientos de los sospechosos y a buscar los vehículos utilizados en los secuestros.
El avance decisivo se produjo cuando un móvil del Comando de Patrullas observó un Peugeot 405 que llamó la atención de los efectivos. El automóvil coincidía con las descripciones aportadas por las víctimas y era sospechado de haber sido utilizado para interceptar y trasladar a los secuestrados.
A partir de ese episodio, los investigadores profundizaron las averiguaciones y llegaron hasta tres jóvenes que se encontraban en Virreyes, partido de San Fernando. Los detenidos fueron identificados como Sergio Roldán, de 22 años; Sandro Barrientos, de 19, y Fernando Quinteros, de 21.
El 20 de diciembre de 2002 se conoció la detención de los tres sospechosos, quienes quedaron bajo investigación judicial. Los procedimientos policiales también se extendieron al complejo de Fuerte Apache, donde los investigadores buscaban establecer si la banda tenía otros lugares de cautiverio y posibles ramificaciones.
La causa quedó en manos del juez federal de San Isidro Conrado Bergesio, quien investigaba tanto el secuestro de Adriana Gordon como el de los dos hermanos. Además, se intentaba determinar si los detenidos habían participado en otros hechos similares registrados en la zona norte del conurbano.
Para comprender la repercusión que tuvo el episodio es necesario volver sobre la figura de Aníbal Gordon, uno de los personajes más siniestros de la violencia política argentina de los años setenta.
Nacido en Colón, provincia de Buenos Aires, en 1930, Gordon comenzó su trayectoria delictiva mucho antes de convertirse en un hombre vinculado a los servicios de inteligencia. Su prontuario incluía robos, asaltos y diferentes episodios de delincuencia común. Uno de los más resonantes fue el millonario robo a una sucursal bancaria en Bariloche, en 1971.
Su recorrido cambió después de su paso por la cárcel y su liberación en mayo de 1973, en el marco de la amnistía dispuesta durante el gobierno de Héctor Cámpora. A partir de entonces profundizó sus vínculos con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) , la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y se incorporó a la estructura operativa de la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A.
Durante los años previos al golpe de Estado de 1976, su nombre apareció vinculado con secuestros, asesinatos y operaciones clandestinas contra militantes políticos, sindicalistas e intelectuales.
Con la instauración de la dictadura militar, Gordon pasó a ocupar un lugar central en el aparato represivo. Fue uno de los responsables de Automotores Orletti, el centro clandestino de detención que funcionó en el barrio porteño de Floresta y que se convirtió en uno de los principales lugares de detención ilegal, tortura y desaparición de personas, especialmente en el marco de la coordinación represiva regional.
Por ese centro clandestino pasaron cientos de personas. Las investigaciones judiciales y los testimonios de sobrevivientes permitieron reconstruir las prácticas de tortura, los interrogatorios y el destino de numerosas víctimas.
En agosto de 1983, Gordon volvió a quedar en el centro de la escena pública por el secuestro del dirigente nacionalista Guillermo Patricio Kelly, quien permaneció cautivo durante 16 horas. La investigación de aquel episodio permitió identificar a Gordon y avanzar sobre su estructura de colaboradores.
Finalmente, fue detenido y condenado en octubre de 1986 a 16 años de prisión por el secuestro extorsivo de Kelly y la tenencia ilegal de armas de guerra. Murió el 13 de septiembre de 1987, mientras permanecía detenido, a causa de un cáncer de pulmón.
La paradoja detrás de una historia policial
El secuestro de Adriana Gordon en diciembre de 2002 quedó registrado como un episodio policial particularmente llamativo por la identidad de la víctima y los antecedentes de su padre. No fue un secuestro político ni estuvo relacionado con las actividades que habían convertido a Aníbal Gordon en uno de los principales operadores de la represión ilegal.
Fue, de acuerdo con la investigación de entonces, un secuestro extorsivo cometido por una banda de delincuentes que buscaba dinero y que había elegido a sus víctimas en función de oportunidades circunstanciales.
La paradoja fue que una mujer perteneciente a la familia de uno de los secuestradores más conocidos de la Argentina terminara atravesando una experiencia semejante a la que había caracterizado la trayectoria criminal de su padre.
El caso también dejó al descubierto que, incluso quince años después de la muerte de Aníbal Gordon, su apellido conservaba una carga simbólica enorme. Cuando los investigadores identificaron a Adriana y los detenidos conocieron su parentesco, aquel secuestro ocurrido en Martínez adquirió una dimensión pública inesperada.
La historia, que había comenzado con dos automóviles cerrándole el paso a una mujer en el norte del conurbano, terminó con tres jóvenes detenidos, una investigación federal y un rescate de más de 55 mil pesos. Una insólita vuelta del destino para una familia cuyo apellido había quedado asociado, durante décadas, con el terror de los secuestros clandestinos.