Ferviente tuitera, @lauritaalonso publicó este jueves un listado de 10 universidades en las que supuestamente la mayoría de los funcionarios no presentó su declaración patrimonial, como exige la Ley de Ética Pública. Entre esas casas de estudios fue mencionada la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) donde, según la titular de la OA, se entregaron sólo 5 de 145 declaraciones correspondientes.

Sin embargo, los datos en los que se basó Alonso para lanzar semejante acusación son incorrectos ya que una modificación reciente de la legislación limitó la exigencia de presentar declaraciones patrimoniales a los rectores, vicerrectores y secretarios de las universidades, decanos y vicedecanos de cada Facultad y los directores de los colegios pre universitarios y de las bibliotecas públicas.

“En realidad en la UNLP sólo tenían que presentar declaraciones 58 funcionarios y absolutamente todas fueron entregadas el 23 de octubre, cuatro días antes de la fecha límite”, explicó a Info BLANCO SOBRE NEGRO una fuente del Rectorado.

Desde la UNLP decidieron responder por la misma vía que utilizó la funcionaria para lanzar su punzante acusación: el Twitter. Según pudo averiguar este portal la Oficina de Anticorrupción no envío ningún requerimiento formal por la supuesta falta de presentación de declaraciones juradas.

“Alonso puede pensar que no presentamos las declaraciones y puede hacer la consulta o incluso intimarnos, pero es una absoluta irresponsabilidad que utilice Twitter para hacer acusaciones en una especie de escrache contra las universidades públicas”, señalaron.

Ante la evidente equivocación, Alonso no optó por el prudente camino de las disculpas sino que este viernes publicó otro tuit asegurando que información anterior correspondía “al primer trimestre post vencimiento oficial el 31/7/17”, que “las cifras reflejan los incumplimientos fuera de término”, y terminó aconsejando “deben respetarse los plazos legales previstos”.

Sin embargo, esta información también fue desmentida por las universidades. Desde la universidad local explicaron a este portal que inicialmente el plazo para presentar las declaraciones vencía el 30 de mayo pero el formulario fue habilitado por la AFIP recién en julio. El vencimiento se postergó para fines de ese mes pero todas las universidades del país estaban en receso invernal. Finalmente, se dispuso como fecha límite el 27 de octubre.

Más allá de los tuits de Alonso, desde la UNLP indicaron que resulta grave que la Oficina de Anticorrupción mantenga “un listado viejo de funcionarios que supuestamente deberían presentar declaraciones juradas, ignorado la modificación a la normativa”. Por esta situación, figuran con nombre y apellido casi 90 supuestos incumplidores, entre los que se encuentran no docentes y docentes jubilados, que en realidad no están comprendidos por esta obligación. La universidad ya solicitaron formalmente que se “limpie” el listado pero no obtuvieron respuestas.

La bochornosa actuación de la funcionaria también generó respuestas de las universidades de Córdoba, del Litoral, de Mar del Plata y de La Pampa que solicitaron que Alonso se rectifique por haber publicado información falsa. Ahora preparan un comunicado en conjunto.