Foto: Prensa CTA-A Bs.As.‏

Ambos, Castillo y Pomares, eran referentes de la CNU en La Plata. Dicha organización, vale recordar, actuó como brazo armado ilegal y paraestatal durante el gobierno de Isabel Perón y en los años de la dictadura cívico militar.

Antes de que se diera a conocer el veredicto, distintas organizaciones sociales, gremiales y defensoras de los derechos humanos realizaron una radio abierta para pedir justicia en la esquina de 8 y 50.

Maximiliano Chichizola, abogado de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, explicó a este portal que “la defensa de Pomares se amparó en una falacia, porque durante la instrucción del juicio no se consideró a la CNU como una estructura armada para los fines que se imputaron, o sea, ejecuciones, secuestros y otra clase de delitos, entonces tanto Castillo como Pomares fueron procesados en términos individuales y no como miembros de una banda ilícita”.

La banda a la que hizo referencia el letrado es la CNU, que fue un grupo armado de ultraderecha que asesinó a decenas de activistas en los años de plomo que vivió la Ciudad de La Plata.

No considerar la autoría de la CNU en los crímenes, y desarrollar la causa penal en términos individuales posibilitó a la defensa de Pomares evitar la condena.

Además, precisó Chichizola, “por pedido de la defensa, el tribunal declaró la nulidad de los reconocimientos fotográficos que habían hecho testigos que habían identificado a Pomares durante la instrucción de la causa”, que “eran pruebas de cargo fundamentales para sostener la acusación”. El beneficio de la duda, entonces, se explica por esa decisión de los magistrados, según aclaró el abogado.

Matías Moreno, de HIJOS La Plata, no dudó en enmarcar el fallo “en el clima de época que vivie la Argentina”, y lo vinculó con la orientación general del gobierno nacional en torno a la política sobre derechos humanos. “La Justicia lee los reiterados gestos de la gestión de (Mauricio) Macri y actúa en consecuencia”, puntualizó Moreno.