Rubén Oscar Gómez Domínguez, de 24 años, presentaba fiebre, dolor abdominal y afecciones respiratorias. Durante varios días pidió a los agentes a cargo del pabellón 10 que le habilitaran la atención médica. Una semana después fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de La Plata y el Instituto Malbrán confirmó que se trata de un nuevo caso de hantavirus.

Domínguez llevaba dos años en la unidad y estaba alojado en el pabellón 10. Desde hacía varios días presentaba fiebre, dolor abdominal y afecciones respiratorias pero los agentes del SPB demoraron la orden para que el interno fuera atendido por profesionales de la salud.

“Esto ocurrió porque en las cárceles bonaerenses los pedidos de asistencia médica se realizan a través de los agentes penitenciarios, que dilatan o niegan el acceso de manera arbitraria y sin criterio clínico. El SPB detenta la potestad de habilitar o no los contactos con el personal de Sanidad y los obstáculos que impone son el primer filtro que deben atravesar las personas detenidas”, cuestionó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En una nota elevada a las autoridades bonaerenses hace dos semana, el organismo de Derechos Humanos había reclamado medidas de prevención para el contagio del hantavirus en los lugares de encierro ya que las malas condiciones de detención y la presencia de roedores hacen que las personas allí alojadas sean una población en grave riesgo.

Ahora, presentó un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata y reiteró el reclamo por el pase de la Dirección de Salud Penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia a la órbita del Ministerio de Salud provincial.

Ante el grave peligro sanitario que implica la posibilidad de nuevos contagios y la propagación del virus en las personas alojadas en la UP 28 de Magdalena y las demás unidades del Complejo (35, 36 y 51), la CPM reclamó además que se tomen medidas preventivas de higiene y control en el establecimiento.

También pidió que se ordene una evaluación epidemiológica integral en la zona de aparición del caso, que incluya la definición de la magnitud del brote, la identificación del probable mecanismo de transmisión o fuente de infección, la investigación de otras potenciales personas expuestas al virus y la recolección de muestras de sangre para diagnóstico serológico, según indican los protocolos elaborados por las autoridades sanitarias.

“Barricadas” contra los roedores

Desde la CPM relataron que al hacinamiento y la falta de higiene se le suma una gran presencia de roedores en los espacios de alojamiento “a tal punto que las personas detenidas llegan a armar barricadas con sus frazadas para que las ratas no entren en las celdas”.

La UP 28 de Magdalena aloja actualmente a 1.300 personas, con una sobrepoblación de 262%, la más alta de todo el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

“En estas condiciones inhumanas de detención, nula higiene y limpieza por falta de elementos como lavandina, desinfectantes y otros productos, la confirmación del primer caso de hantavirus muestra la gravedad y previsibilidad del problema. La propagación de enfermedades y el riesgo permanente de vida son moneda corriente en los lugares de encierro”, alertaron desde la CPM.

Y remarcaron: “Las cárceles desatienden sistemáticamente la salud de las personas detenidas, produciendo enfermedades y complejizando las afecciones previas. Entre 2008-2017, el 69% de las muertes ocurridas en el SPB se debieron a problemas de salud desatendidos y en 2017 representaron el 81%. Todas muertes evitables”.

El organismo además criticó los “controles ficticios” realizados por las visitas judiciales bimestrales a las cárceles y el papel de las oficinas de la procuración general, organismo que en un informe reciento afirmó que en el penal de Magdalena no había presencia de roedores. “Esto no coincide con lo relevado por la CPM en sus inspecciones periódicas y queda rotundamente contradicho con la aparición de este caso de hantavirus”, expresaron.

“Este caso es la punta del iceberg, la confirmación, otra vez, de la crisis gravísima que atraviesa la salud penitenciaria y que provoca constantemente muertes por enfermedades no atendidas. El Estado es el responsable de estas muertes y debe encarar reformas urgentes tendientes a garantizar el real y efectivo acceso a la salud en las cárceles”, concluyó la CPM.