El fin de la feria judicial de invierno sacó de letargo a la investigación por el presunto pedido de coimas que sufrió Guillermo Andreau cuando tramitaba la rezonificación de tierras de su propiedad para venderlas a beneficiarios del plan de viviendas nacional Procrear.

El juez de Garantías Pablo Raele abrió un paréntesis en una parte de la investigación, al dejar en suspenso el tratamiento del planteo de nulidades realizado por la defensa de uno de los acusados.

Tal como informó el portal Tinta Judicial, la defensa del secretario municipal de Gestión Pública Enrique Sette, pidió la nulidad de toda la investigación. El abogado Juan Di Nardo sostuvo en su escrito que el fiscal Jorge Paolini describió los hechos (plataforma fáctica) pero no los pudo acompañar con pruebas indubitables.

Pasado en limpio, el juez no hizo lugar (por el momento) al planteo pero tampoco lo rechazó, lo que significa en los hechos que el fiscal Paolini podrá seguir investigando y produciendo prueba en el expediente.

LA DENUNCIA

Guillermo Andreau es el ingeniero agrónomo que hizo la acusación ante el fiscal Paolini. El funcionario dio curso a las intervenciones de teléfonos, y de aquellas comunicaciones surgieron las nuevas pistas. Los nombres de empleados y funcionarios municipales se repiten y son coincidentes en la mayoría de los casos.

A más de cinco semanas de que el escándalo saltara a la luz de la opinión pública, todavía no hay detenidos. Tampoco imputados y menos procesados. Los investigadores trabajan a contrareloj para seguir sumando indicios, pruebas y pistas.

Enrique Sette, titular de la Secretaría de Gestión Pública, aparece en distintos escritos judiciales como “jefe” de la “asociación ilícita”. Es platense y llegó a la gestión municipal luego de haber cumplido funciones en el Ministerio de Planificación Federal que conduce Julio de Vido. También fue director Provincial de Planificación y Control de Gestión durante la gobernación de Felipe Solá.

Andreau explicó ante la prensa que “las reuniones” en las que le pidieron 220 mil dólares para que avance el expediente de rezonificación de sus lotes “se realizaban en el despacho del funcionario, pero él nunca estaba presente”.

Tras la presentación de la denuncia formal, el fiscal de Delitos Complejos solicitó escuchas telefónicas y mediante ellas, determinó que los involucrados en la maniobra serían el Secretario de Gestión Pública, Enrique Sette; el Director General de Planeamiento Urbano, Roberto Moreno; el Director General de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró junto a los empleados municipales Rubén Edgardo Moratis y Cristian Ibarra.

Paolini solicitó las órdenes de allanamiento y detenciones por los delitos de “asociación ilícita en concurso con exacciones ilegales”, pero el juez Raele entendió que por el momento no está probado el primero de los delitos. Ante ese panorama avaló los allanamientos, pero las detenciones quedaron en suspenso ya que el segundo de los delitos tiene una pena máxima de cuatro años de prisión y es excarcelable.

El fiscal fundamentó sus requerimientos en la propia denuncia de Andreau y en las varias horas de escuchas telefónicas que forman parte de la investigación penal preparatoria.

De la lectura de las desgrabaciones de las escuchas, se desprende que el denunciante era contactado telefónicamente por los empleados Moreno y Moriatis, y éstos hacían referencia que para “agilizar” el expediente administrativo había que “hablar” con los otros tres funcionarios.

En la libreta de los investigadores también aparecen anotados el secretario general de la comuna, Jorge Campanaro y Mariano Bruera, hermano del intendente platense Pablo Bruera, pero hasta el momento esa arista de la investigación está en sus primeros tramos.

Cabe recordar que Mariano Bruera ya fue mencionado en otras causas por presuntos pedidos de coimas pero ninguna de las denuncias prosperó. También fue investigado por el fiscal Paolini.

(Fuente: Tinta Judicial)