La Legislatura bonaerense aprobó por unanimidad en la última sesión un proyecto del Frente Renovador para que el Estado Provincial desarrolle un sistema propio de dispositivos de pago electrónico (conocido como “posnet”) que permita la captación, validación y autorización en línea de operaciones con tarjetas de crédito, débito y prepagas. Con ello, se busca “evitar la monopolización de empresas privadas y que la recaudación del servicio se destinada a las arcas de la Provincia”.

Según explicó el autor de la iniciativa, Ricardo Lissalde, “el objetivo es crear un sistema propio para que sea administrado por el Gobierno a través de Provincia Net del Grupo Provincia, ya que las operaciones de pago electrónico están siendo realizadas solo por dos empresas que tienen cautivo al mercado configurando una actitud monopólica de hecho”.

El texto sugiere que sea la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) o mediante convenios con las Universidades Nacionales, estudie la posibilidad de desarrollar dicho sistema.

Este proyecto ideado por el legislador massista surge a raíz de las diferentes iniciativas que están siendo trabajadas en la legislatura, que buscan establecer la obligatoriedad del pago electrónico en todos los comercios del territorio bonaerense.

Cabe aclarar que para aquellos comercios pequeños o PyMES en general, la obligatoriedad representará una importante erogación adicional ya que para contar con estos dispositivos de cobro electrónico deben disponer además del gasto de instalación y mantenimiento de los aparatos, de una línea telefónica comercial y una cuenta corriente bancaria, sumado a las demoras en el pago por parte de las tarjetas.

De aprobarse la obligatoriedad de instalación del sistema, las terminales que se instalarían serian una 500 mil, lo que representaría unos 125 millones de pesos por mes o más de 1000 millones por año, que irían a engrosar las ganancias de las empresas privadas multinacionales prestadoras del servicio.

Además, el sistema a desarrollar por el Estado podría contemplar también el pago también a través de tarjetas prepagas con banda magnética, como lo son las que actualmente se utilizan en el mercado argentino: SUBE o Monedero, para posibilitar a que los sectores sociales de menores recursos que no pueden acceder a poseer una tarjeta de crédito o no poseen tarjeta de débito por la informalidad laboral puedan utilizar el sistema mediante las tarjetas prepagas, con el consiguiente beneficio en cuanto a la seguridad al no transportar dinero en efectivo y bancarizar la economía informal.

“Un fin noble, como lo es luchar contra la evasión fiscal no necesariamente debe requerir como medio la utilización de sistemas que significan claramente un negocio para terceros”, subrayó finalmente el diputado Lissalde.