“En esta coyuntura pareciera que el problema nos tiene como únicos responsables. Esto resulta paradójico, dado que en los últimos treinta años, incluso en el marco de fuertes crisis económicas, nunca estuvimos en el ojo de la tormenta”, expresa el comunicado del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

La Asociación Platense de Inquilinos (API) presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que propone que la comisión por el contrato de alquiler quede a cargo del dueño del inmueble, modificando el artículo 54 de la Ley 10973. Esta medida fue aprobada recientemente por la legislatura porteña para los alquileres en Capital Federal. También se solicita la gratuidad del informe de dominio en el registro de la Propiedad en el caso de locaciones para vivienda única y familiar.

“La pregunta que hay que hacerse entonces es si la nueva ley de alquileres de CABA, soluciona realmente el problema de los inquilinos. Creemos que no porque no baja los costos de los alquileres; no son los honorarios profesionales un impedimento para alquilar una casa; no mejora la oferta de inmuebles en alquiler y no promueve la inversión en inmuebles en alquiler; todo lo contrario, desabastece el mercado inmobiliario”, consideraron desde el Colegio.

“En el ámbito Provincial no existen denuncias de abuso en el cobro de honorarios porque la Ley 10.973 (reformada por la 14.085), en su artículo 54, regula y establece límites a los honorarios profesionales de Martilleros y Corredores Públicos. La norma es clara en el sentido que sostiene que los costos pueden ser afrontados por ambas partes o bien por una sola de ellas”, agregaron.

Sin embargo desde API aseguran que son múltiples los abusos de las inmobiliarias sobre los inquilinos a la hora de firmar un contrato. Entre ellos se encuentra el cobro excesivo de honorarios que por ley está fijado en el 4 por ciento.

“El trato con los inquilinos es primordial para nuestro sector. La relación con ellos no se da un solo día, se trata de un vínculo por dos años como mínimo, en el cual se trata de solucionar y satisfacer aquellos problemas y necesidades que resultan de la relación contractual”, Manifestó Carlos Esteban, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Público.

“Nuestra preocupación por este sector de la población fue y es la permanente búsqueda de soluciones para su acceso al inmueble deseado. Entre ellas se encuentran la creación de GISA (Garantías Inmobiliarias S.A.) para quienes no posean una vivienda en garantía; la aceptación de recibos de sueldos como seguro de pago y acreditación de haberes; facilidades en cuotas de los gastos propios de la situación contractual; honorarios fijos estipulados por ley”, continuaron desde la entidad profesional.

“Asimismo, en un territorio tan extenso como nuestra provincia, existen diferencias regionales o locales de trato y relación amistosa, que han llevado a que no se cobre algunos de los rubros para la persona o familia que alquila”, destacaron.

Y advirtieron: “Vemos como grave el desconocimiento de la importancia de nuestro sector en la economía general. Los Martilleros y Corredores Públicos Provinciales, somos casi 10 mil profesionales que generamos fuentes de empleo directo a miles de familias e indirecto a cientos de miles. Vivimos de lo que generamos legalmente con nuestros honorarios, los cuales se pretenden vulnerar”.

“En suma, consideramos innecesario provocar una modificación de una situación que funciona bien. En todo caso, una transformación en el mercado de alquileres necesita un debate entre todos los actores involucrados y no una medida oportunista”, concluye el texto.