Ordenó que en cinco días diseñe un plan de vacunación para las personas privadas de libertad con factores de riesgo que se encuentran alojadas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La medida fue solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo encabezado por Adolfo Pérez Equivel, y rechazada en una primera instancia. Ahora, la Cámara en lo Contencioso Administrativo provincial dio lugar a un recurso de apelación. La sentencia se aprobó con la presencia de los magistrados Claudia Milanta, Gustavo Spacarotel y Gustavo De Santis, aunque este último firmó en disidencia. El escrito, según informó la Agencia DIB, indicó que “las personas que se encuentran privadas de libertad pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial que aquellas personas que no se hallan en tal situación”. Según el fallo, lo ordenado “no implica una alteración o modificación del ‘Plan Buenos Aires Vacunate’ en cuanto al orden de prioridades establecido para la aplicación de vacunas”. Desde la CPM, habían advertido que las personas mayores de 60 y entre 18 y 59 con factores de riesgos son alrededor de 1.500 en los penales y que en este marco no se había implementado un mecanismo para que las mismas sean vacunadas. En abril pasado, la Comisión Provincial por la Memoria había señalado que "los protocolos sanitarios no se cumplen de manera adecuada, los testeos casi inexistentes, el acceso a la salud es nulo o deficiente porque falta personal e insumos, y la vacunación de la población de riesgo en los lugares de encierro no se realizó". El año pasado, según informó la CPM,  28 de las 178 personas fallecidas en cárceles fueron por COVID-19.