viernes 17 de septiembre de 2021 - Edición Nº 29.188

Información General | 4 sep 2021

Por Ley, fabricantes e importadores pasarán a ser responsables de la gestión de miles de toneladas de residuos "especiales"

Se trata de un proyecto presentado por el Ejecutivo bonaerense que marcaría un hito en materia de gestión de residuos.


El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) envió a la Legislatura un proyecto de ley que establece la “responsabilidad extendida del productor” en la gestión, tratamiento y disposición final de más de 7 mil toneladas diarias de residuos en la provincia de Buenos Aires.

Desde el organismo destacaron que esta iniciativa representa un "hito en las políticas públicas de gestión de los residuos en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional", ya que "por primera vez se impulsan mejoras ambientales a partir de regular los ciclos de vida completos de los productos".

De ser aprobada, la ley establecerá las responsabilidades de productores, envasadores, fabricantes, ensambladores, importadores y todo aquel que coloque por primera vez un producto en el mercado, al regular la gestión de los “Residuos Especiales de Generación Universal” (REGU), envases, embalajes y otros residuos reciclables, cuya generación provenga del consumo masivo.

En los REGU están incluidos aceites vegetales usados, aceites minerales usados, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE), pilas, baterías portátiles, lámparas de bajo consumo que contengan mercurio, cartuchos y toners, envases que contuvieron sustancias peligrosas, envases vacíos de fitosanitarios, neumáticos fuera de uso (NFU), termómetros, eficnomanómetros, acumuladores de ácido plomo, pinturas y solventes, medicamentos, membranas asfálticas, vehículos fuera de uso (VFU) y productos durables de plásticos.

En la provincia se generan más de 7.000 toneladas diarias de residuos con estas características. Por otra parte, la entrada en vigencia de esta ley significaría un gran impulso a la economía circular, a la responsabilidad ambiental y también a la inclusión social.

El proyecto define a la actividad desarrollada por las cooperativas y asociaciones civiles de recuperadores y recuperadoras de residuos urbanos como prestadoras de un servicio esencial para la comunidad, la preservación del ambiente y la salud pública.

Además de fijar las obligaciones de los productores en la gestión, tratamiento y disposición final de los residuos, el proyecto de ley prescribe el rotulado y/o etiquetado de los envases, embalajes y productos con indicaciones de los materiales con los que han sido confeccionados y su potencial de reúso y reciclado. A su vez promueve el ecodiseño.

Desde el 2016, rige en territorio bonaerense una ley similar para los productores e importadores de agroquímicos que están obligadas de gestionar la recolección y el posterior tratamiento de los envases comercializados.

Sin embargo, durante 2019, de 13 millones de envases de agroquímicos comercializados en la Provincia sólo se recuperó alrededor de un millón. Ante esta situación el OPDS sancionó a 26 empresas multinacionales agroquímicas por un monto de 783 millones de pesos, en lo que, según el organismo, fue la “pena ambiental más grande de la historia argentina”.

Esta nueva legislación tendrá un impacto positivo en los 135 municipios de la provincia al disminuir el ingreso de residuos a los rellenos sanitarios. También beneficiará al sector industrial al reutilizarlos en nuevos insumos y materias primas y en el reemplazo de insumos de la importación.

También favorecerá a las y los habitantes de la provincia, con la disminución del impacto desfavorable al ambiente y al evitar la propagación de basurales a cielo abierto.

“El envío de este proyecto al Poder Legislativo marca un punto de inflexión en las políticas relacionadas con el manejo integral de los REGU, envases y embalajes”, destacaron desde el OPDS.

Hasta ahora, más de diez iniciativas intentaron regular esta actividad y no progresó su tratamiento. “La decisión, que marca una voluntad firme del Ejecutivo provincial en avanzar con esta normativa, prevé también instancias de discusión con los actores involucrados, como cooperativas de recuperadores urbanos, universidades públicas y sectores industriales”, señalaron desde el organismo.

 

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